El grupo Cencosud enfrenta un nuevo traspié en su afán por sacar adelante un millonario proyecto inmobiliario y comercial en Argentina -en la zona de San Isidro, Buenos Aires- en un terreno adquirido al Estado trasandino. Todo esto en medio de una disputa judicial luego que el gobierno de ese país demandara a la empresa chilena y solicitara la devolución de la propiedad en cuestión, que supera las 20 hectáreas en una zona muy apetecida.
Cencosud se quedó con el inmueble luego de una licitación en 1996, cuando el grupo pagó US$ 22 millones, más US$ 4 millones para sanear el terreno que era utilizado para el tratamiento de aguas servidas.
Como parte del juicio iniciado tras una demanda de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina, organismo símil al Ministerio de Bienes Nacionales chileno, la empresa controlada por la familia Paulmann presentó, hace unas semanas, un informe que señala que la situación ambiental del predio donde se busca desarrollar la obra “no implica riesgos inaceptables a la población”, lo que fue objetado por el organismo público trasandino.
A fines de octubre, el Juzgado Civil y Comercial Federal donde está radicado el proceso, solicitó al perito designado (que fue propuesto por la propia empresa) un nuevo informe “con el objeto de verificar el saneamiento y remediación ambiental del predio en cuestión”.
El tribunal dijo que el experto, el ingeniero sanitario de la Universidad de Buenos Aires, José Luis Inglese, dispone de un plazo de 30 días para presentar su nuevo análisis, “bajo apercibimiento de remoción y consecuente nombramiento de otro experto a efectos de llevar a cabo la tarea encomendada”.
Añadió que las partes se encuentran facultadas para nombrar asesores y/o consultores técnicos en materia ambiental para que participen en las tareas periciales.
¿Condición esencial?
Así, la justicia hizo eco de los planteamientos del AABE trasandino, que impugnó el informe presentado por -a su juicio- no haberse realizado por una entidad independiente “que permita tener garantía de profesionalismo e imparcialidad, lo que implicó sin lugar a duda, una ventaja procesal”.
Por otro lado, sostuvo que el informe presentado se funda en documentos ajenos al profesional José Luis Inglese, algunos con más de 20 años de antigüedad, y desactualizados, dijo.
“Como se puede observar, el estudio que elaboró el profesional contratado por Cencosud S.A. se basa en informes históricos, siendo el último de noviembre de 2022 referido a Resultados de Muestreos de Calidad de Aire, lejos de ser un relevamiento a los fines de dar cumplimiento con la requisitoria judicial de llevar una remediación y saneamiento del inmueble”, sostuvo.
El organismo trasandino insistió en que, con la realización de la pericia ordenada por el tribunal se busca develar si en el predio se ha cumplido con la exigencia del saneamiento, la remediación ambiental, y la creación de espacios verdes, abiertos, y parcialmente forestados, determinados estos -subrayó- en el llamado a licitación pública para la venta del inmueble, como la adjudicación del mismo el 9 de octubre de 1996.
“La remediación del suelo resulta ser una condición esencial de cumplimiento, cuyo incumplimiento además de los perjuicios que podría traer aparejado, lleva a la resolución restitutoria de dicho inmueble”, dijo la AABE.
Consultada la empresa, declinó realizar comentarios.
El terreno fue adquirido por la firma tras una licitación del gobierno trasandino. Ahí busca levantar un centro comercial y viviendas con una inversión superior a los US$ 600 millones.
En 2016, la AABE de Argentina presentó una demanda con el objetivo de que el terreno vuelva a manos del Estado. A su juicio, Cencosud habría incumplido una “condición esencial” del contrato, respecto de los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico.
Cencosud ha dicho verse impedida de concretar el proyecto, “principalmente por el dictado de normas provinciales y municipales contradictorias” para realizar un proyecto urbanístico en el paño, y cumplir así los plazos establecidos en el contrato.
A diferencia del ente argentino, la compañía sostiene que la titularidad del inmueble no se encuentra controvertida sobre la base del no cumplimiento de tareas de remediación y saneamiento, sino, únicamente, por la falta de realización del proyecto.
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