Atrasos que superan los seis años, cerca de 3.800 camas y 117 pabellones cuya entrada en operación se ha postergado. Ese es el panorama que enfrenta actualmente la industria de hospitales concesionados en Chile.
A la fecha, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene 13 contratos de concesión hospitalaria que agrupan 23 recintos. Sin embargo, de ese universo, solo cuatro se encuentran en operación (Félix Bulnes, El Carmen de Maipú, Dra. Eloísa Díaz de La Florida y el Hospital de Antofagasta), mientras que los otros 19 están en construcción.
El problema es que, al revisar en detalle el estado de avance de estos últimos proyectos, 17 presentan modificaciones respecto de sus plazos originales, con demoras que, en los casos más críticos, alcanzan los 76 meses, es decir, más de seis años (ver infografía).
Entre los proyectos con mayores retrasos figura el Hospital del Salvador, a cargo de la mexicana GIA+A, que acumula más de seis años de postergación. Le sigue el Hospital de La Serena, de la española Acciona, con cerca de tres años de demora, mientras que la Red Buin-Paine, vinculada a la china CRCC, registra aproximadamente dos años de desfase.
La Red Maule, integrada por los hospitales de Cauquenes, Constitución y Parral, y a cargo de la china CRBC, presenta retrasos de 20 meses, mientras que el Hospital de Coquimbo, de CRCC, acumula ocho meses de postergación.
A ellos se suma la Red Los Ríos-Los Lagos, también bajo la responsabilidad de GIA+A, que contempla cuatro establecimientos ubicados en Río Bueno, Los Lagos, Puerto Varas y La Unión. En este caso, las demoras varían entre seis meses y dos años, dependiendo del recinto.
Un escenario particular enfrenta la Red Biobío, a cargo de la española OHLA, cuya puesta en servicio provisoria de sus cuatro establecimientos estaba contemplada de manera escalonada. Santa Bárbara debía iniciar operaciones en octubre de 2026; Lota y Coronel, entre enero y febrero de 2027; y Nacimiento, en octubre de ese mismo año.
No obstante, los avances físicos registrados a septiembre de este año evidencian un escenario distante de esas proyecciones. Mientras Santa Bárbara y Nacimiento alcanzaban un 20% de ejecución, Lota registraba un 7,4%y Coronel, un 5,7%.
En contraste, los únicos dos proyectos que se mantienen sin retrasos son el Instituto Nacional del Cáncer, también a cargo de OHLA, cuya entrega está prevista para agosto de 2030, y el Instituto Nacional de Neurocirugía, de la china CRCC, con fecha estimada para diciembre de ese mismo año.
Los factores
Uno de los factores más recurrente detrás de estos retrasos corresponde a los hallazgos arqueológicos, que han obligado a modificar los cronogramas de distintos proyectos. Entre los recintos afectados por este tipo de situaciones figuran el Hospital del Salvador, la Red Buin-Paine y la Red Los Ríos-Los Lagos.
A ello se suman diferencias contractuales que, en determinados casos, han derivado en paralizaciones prolongadas. Es lo que ocurrió con el Hospital de La Serena, cuyas obras permanecieron detenidas por más de un año debido a discrepancias entre el diseño licitado y el proyecto original.
En la Red Maule, en tanto, la sociedad concesionaria reclamó la existencia de entorpecimientos atribuibles al MOP, los que, según sus planteamientos, incidieron en el avance de las obras y en los procesos de recepción de los establecimientos.
La visión de la industria
Pese a la magnitud de los retrasos, desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) aseguran que, hasta ahora, este escenario no se ha traducido en una pérdida de interés de las empresas por participar en estos proyectos.
No obstante, la presidenta del gremio, Gloria Hutt, advirtió que la certeza jurídica constituye un elemento fundamental para atraer inversiones y enfatizó la necesidad de agilizar los proyectos, “porque de lo contrario se empieza a construir un ambiente de incertidumbre que a futuro podría transformarse en un desincentivo a la inversión o mayores costos de financiamiento”.
Para abordar este escenario, Hutt planteó la conveniencia de establecer un equipo dedicado exclusivamente a destrabar las iniciativas que enfrentan dificultades, con metas y objetivos concretos que permitan acelerar su ejecución.
Según explicó, esta instancia debería tener un carácter supraministerial y abordar no solo los hospitales concesionados, sino también otros proyectos de infraestructura que se encuentren paralizados o con retrasos. Asimismo, propuso que dependa directamente del Presidente de la República, de manera de contar con el respaldo político y las atribuciones necesarias para impulsar soluciones.
“Acá lo que se refleja es el tremendo valor del modelo, pero urge que pueda moverse para materializarse en lo que las personas necesitan, que son camas disponibles e infraestructura de primer nivel para ser atendidos”, concluyó.
DF consultó al Ministerio de Obras Públicas respecto a los retrasos en los proyectos hospitalarios concesionados, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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Laura Guzmán
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