Hace algunos meses trascendió que el Gobierno estaba trabajando en un nuevo mecanismo para abordar las controversias que surgen durante la ejecución de obras públicas, siguiendo parte de la experiencia que ya existe en el sistema de concesiones.
La duda de cuándo empezaría a materializarse esto comenzó a despejarse, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) revelara que ya tiene listo el borrador del proyecto de ley que pondría en marcha el nuevo esquema. La propuesta contempla tres pilares: un sistema de alertas tempranas, comisiones consultivas y un panel de gestión de discrepancias.
Así lo explicó el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, en un conversatorio organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y CAM Santiago.
La iniciativa legal estará enfocada principalmente en regular el tercer mecanismo, el panel de gestión de discrepancias, y funcionará como el “paraguas general” del nuevo sistema, explicó Dagá.
En paralelo, el ministerio preparó una modificación al Reglamento para Contratos de Obras Públicas, donde quedará establecido en detalle el funcionamiento de los tres instrumentos, los contratos que estarán sujetos a cada uno de ellos, su composición y los procedimientos que deberán seguirse. Este documento también cuenta ya con un borrador.
Joaquín Dagá, director general de Obras Públicas. Nicolás Balmaceda, subsecretario de Obras Públicas.
Dagá señaló que ambos textos fueron revisados por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que el MOP comenzó a socializar su contenido con distintos actores de la industria. A ello se suman las primeras conversaciones con parlamentarios, con el objetivo de ingresar el proyecto al Congreso antes de que termine el año.
“Ojalá que esto salga rápido y de buena manera, porque en general tenemos consensos y es algo que se necesita en la industria”, sostuvo.
El diagnóstico
La propuesta surge a partir de un diagnóstico que comenzó a generar preocupación dentro del MOP: la competencia en las licitaciones de obras públicas venía disminuyendo de manera sostenida y aumentaban los concursos declarados desiertos.
Una de las razones identificadas por la cartera apunta a la forma en que actualmente se resuelven los conflictos entre el Estado y las empresas contratistas.
“Vimos que el MOP había dejado, en alguna medida, de ser un socio confiable para la industria. Muchas constructoras centenarias declaraban públicamente que ya no seguirían trabajando con el ministerio por muchas dificultades”, explicó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.
La propuesta cuenta con tres mecanismos específicos.
El primero será el libro de alertas tempranas, que abarcará todos los contratos de obras públicas de la cartera (984).
La idea, explicó Dagá, es que ambas partes actúen de buena fe para intentar mitigar o resolver los problemas antes de que escalen hacia una controversia mayor.
El segundo mecanismo serán las comisiones consultivas, destinadas a los contratos regionales por montos inferiores a $ 14 mil millones; es decir, 764 desarrollos.
Cada comisión estará integrada por cuatro personas: dos representantes del MOP y dos del contratista; que tendrán un plazo máximo de 30 días para pronunciarse.
En tercer lugar, para las obras de mayor tamaño estará el panel de gestión de discrepancias, que abarcará los contratos administrados a nivel central y cuyo monto supere los $ 14 mil millones.
Actualmente, esta categoría comprende 110 obras.
El panel se tratará de un órgano permanente, autónomo y especializado; el cual estará compuesto por seis integrantes seleccionados mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP): dos abogados, dos ingenieros, un arquitecto y un economista.
También tendrá un plazo de 30 días para emitir sus pronunciamientos, prorrogable por una vez.
Experiencia internacional
La propuesta recibió una evaluación positiva de los representantes de la industria y especialistas. Sin embargo, los asistentes detallaron que el esquema podría avanzar con otros instrumentos que ya se utilizan en mercados internacionales.
El fiscal del CPI y socio de Molina Ríos, Víctor Ríos, apuntó a mecanismos como la mediación y los dispute boards, instancias integradas por expertos independientes que acompañan la ejecución de los contratos y buscan prevenir o resolver tempranamente los conflictos.
El vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Cristóbal Paúl, coincidió en la importancia de incorporar herramientas de ese tipo, destacando que la mediación es utilizada hace años en otros mercados.
El abogado y representante del CAM Santiago, Santiago Montt, planteó que la discusión también debería mirar mecanismos de arbitraje utilizados en otras jurisdicciones. “Existen muchos otros países latinoamericanos que tienen arbitraje voluntario alternativo. El Estado puede participar”, señaló.
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Laura Guzmán
