Este viernes 25 de noviembre, se efectuará el primer remate de activos de la quebrada constructora Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV). Es todo el mobiliario de las oficinas centrales de la fallida empresa, ubicadas en un edificio en Alonso de Córdova, lo que incluye mesas de directorio y reuniones, computadores, fotocopiadoras, además de una serie de cuadros y grabados.
“El lugar en que se encuentran los bienes muebles del deudor es arrendado, con una renta mensual altísima, dando como resultado un altísimo costo de conservación de dichos bienes en el domicilio del deudor”, explicó a la justicia la liquidadora de la empresa, María Loreto Ried, quien destacó que tiene la potestad legal para realizar en cualquier momento, al martillo o en venta directa, la venta de los bienes muebles del deudor que considere que estén expuestos a próximo deterioro o desvalorización inminente o exijan una conservación dispendiosa.
El martillero a cargo de este remate es Nicolás del Rio Noé.
En paralelo, la liquidadora de la empresa –cuyos pasivos superan los US$ 60 millones- volvió a arremeter contra organismos públicos. La semana pasada, la abogada pidió paralizar el pago de una boleta de garantía en favor del Gobierno Regional del Biobío, lo que fue acogido por la jueza Cecilia Castro, del 9º Juzgado Civil de Santiago, que citó a una audiencia de resolución de controversias para el próximo 15 de diciembre de 2022.
“Por una parte, el Estado, a través de entidades distintas, ha retardado los pagos a la empresa deudora afectando irreversiblemente sus flujos y estados financieros, para luego, el mismo Estado, pretender efectuar cobros de garantía por contratos afectados por la falta de pago que se indica”, sostuvo Ried.
La poliza de garantía
Ahora, la liquidadora pidió a la justicia -el pasado 18 de noviembre- suspender el pago de una póliza de seguro de garantía de casi 100 mil UF a favor del Serviu de Santiago.
Según explicó, la empresa CVV contrató con BCI Seguros Generales una póliza con vigencia desde el 5 de noviembre de 2020 hasta el 7 de noviembre de 2022, que indica un monto asegurado de 98.178,79 UF, teniendo el Serviu Región Metropolitana de Santiago la calidad de beneficiario.
El documento tiene por objeto garantizar el pago de anticipos para la construcción pagados por el Serviu a la hoy fallida constructora, como parte del contrato para la ejecución del proyecto habitacional San Francisco II, de la comuna de San Bernardo.
Ried destacó que este contrato se celebró en el marco del DS 49 que reglamenta el otorgamiento de subsidios habitacionales. Sostuvo que el precio total establecido para la construcción de las obras de urbanización y edificación fue de 327.262,63 UF, y el plazo para la ejecución de las mismas fue de 540 días corridos.
La abogada dijo que, el 4 de noviembre de 2022, el Serviu de Santiago presentó un denuncio a la referida aseguradora, requiriendo el pago de la totalidad del monto asegurado: 98.178,79 UF (30% del precio total de las obras).
No obstante, la liquidadora afirmó que, según datos recopilados al 14 de octubre de 2022, la obra registraba un avance financiero de 95,06%, equivalente a 320.431,67 UF, monto que –aseguró- fue pagado previa autorización del servicio.
Además, señaló que el fiscalizador técnico de obras certificó un avance físico acumulado correspondiente al 96,74%. Este monto, precisó la abogada, fue objeto de una corrección por parte del inspector debido a que por motivos de robos, vandalismo y observaciones se determinó finalmente un avance físico correspondiente al 92,90%.
Frente a esto, la liquidadora estimó que es "imperativo" considerar el alto porcentaje de avance físico de la obra (92,90%), a la cual le resta sólo un 8% de avance para su término, lo que en su equivalente en UF (sólo tomando en consideración el precio del contrato) podríamos aproximar a un monto de 26.181,0104 UF, sostuvo Ried.
“Lo anterior resulta relevante si consideramos que se ha presentado a cobro una póliza de seguro de garantía que aumentará excesivamente el ya abultado pasivo de la deudora en casi 100 mil UF, en consideración a que el siniestro que asegura la referida póliza (30% contrato) no se ha producido”, sostuvo.
Frente a esto –“para efectos de no aumentar irremediablemente el pasivo de la deudora en 98.178,79 UF con el serio perjuicio que ello implica a todos los acreedores, quienes verán disminuido el porcentaje de pago de sus créditos”, dijo Ried- , solicitó citar al Serviu Región Metropolitana de Santiago a una audiencia de resolución de controversias para efectos de que se determine la procedencia del pago de la póliza.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Construcción
