La jueza Cecilia Castro, del 9º Juzgado Civil de Santiago, acogió la petición de la liquidadora de la constructora Claro, Vicuña Valenzuela, María Loreto Ried, de paralizar el pago de una boleta de garantía en favor del Gobierno Regional del Biobío.
“Atendido el mérito de los antecedentes y a fin de evitar un aumento irremediable en el pasivo de la deudora, como se pide, se suspende el pago de la boleta de garantía otorgada por la suma de 21.798,64 UF, debiendo comunicarse la presente decisión a Itaú Corpbanca por la liquidadora por el medio más expedito”, dijo la magistrada.
El pasado 15 de noviembre, la liquidadora presentó un escrito al tribunal, en el cual solicitó citar al Gobierno Regional del Biobío (liderado por Rodrigo Díaz Wörner) a una audiencia de resolución de controversias, producto del cobro de la mencionada boleta de garantía luego de decretada la quiebra de la compañía.
Esto también fue acogido por la jueza, que llamó a este Gobierno Regional a una audiencia de resolución de controversias para el próximo 15 de diciembre de 2022.
Ried explicó a la justicia que la constructora suscribió con el Itaú Corpbanca un contrato de apertura de crédito para la emisión de boletas de garantía. Esto, detalló, a fin de que el banco respondiese del eventual cobro de una boleta de garantía tomada por CVV en favor del Gobierno Regional del Biobío, para garantizar el cumplimiento del Contrato Corredor Transporte Público Colón, Perales Alessandri.
La abogada sostuvo que, el pasado 11 de noviembre, el Gobierno Regional requirió a Itaú Corpbanca el pago de la referida boleta. Ried detalló que la vigencia del referido documento es hasta el 30 de septiembre de 2023.
“Sin embargo, atendido que sólo han transcurrido tres días desde de la resolución de liquidación, esta liquidadora se ha encontrado impedida de conocer la supuesta efectividad o no de un incumplimiento por parte de la empresa deudora, lo que no resulta baladí si consideramos que se ha presentado a cobro una boleta de garantía que aumentará excesivamente el ya abultado pasivo de la deudora en casi 22.000 UF, con el consabido perjuicio para todos los acreedores”, dijo la abogada.
Luego, sostuvo: “Se agrega a lo anterior que quien presenta la boleta de garantía a cobro es justamente una entidad estatal, en circunstancias que según consta de los antecedentes aportados por la deudora en su solicitud de liquidación concursal, la razón de la solicitud de liquidación concursal de la empresa fue principalmente la ‘burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar pagos’”.
Además, Ried lanzó duros cuestionamientos contra la administración pública: “Por una parte, el Estado, a través de entidades distintas, ha retardado los pagos a la empresa deudora afectando irreversiblemente sus flujos y estados financieros, para luego, el mismo Estado, pretender efectuar cobros de garantía por contratos afectados por la falta de pago que se indica”, sostuvo.
En su petición de quiebra, la empresa enumeró una serie de situaciones en relación a lo que llamó la “burocracia de los mandantes públicos”: atraso en el curso de los estados de pago mensuales, incumpliendo la ley de pago a 30 días; retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar, reteniendo capital de trabajo necesario para la correcta ejecución de las obras y la no recepción y finiquito de obras terminadas.
El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, ha rebatido la postura de la compañía, desmintiendo que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte de esta Secretaría de Estado.
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