La liquidadora de la empresa Claro, Vicuña, Valenzuela (CVV), la abogada María Loreto Ried, lanzó duros cuestionamientos a diversos organismos del Estado, como parte del proceso de quiebra de la constructora, cuyos pasivos superan los US$ 60 millones.
El pasado 21 de octubre, la empresa inició un proceso judicial para pedir su liquidación voluntaria, lo que, dijo, significará la paralización de más de 30 obras y el despido de 2.500 personas. El nueve de noviembre, la jueza Cecilia Castro, del 9º Juzgado Civil de Santiago, decretó la quiebra de la firma, "por encontrarse cumplidos los requisitos", señaló.
Claro, Vicuña, Valenzuela tiene más de 1.400 acreedores: fondo de Vantrust y Santander representan el 23%
Como liquidador titular provisional se nombró, precisamente, a Loreto Ried, y como suplente a Eduardo Godoy. La jueza autorizó a ambos para que se puedan incautar todos los bienes de la empresa, sus libros y documentos, bajo inventario, prestándosele para este objeto auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario, dice la resolución judicial.
Como parte del proceso, la abogada presentó un escrito al tribunal ayer 15 de noviembre, en el cual solicitó citar al Gobierno Regional del Biobío (liderado por Rodrigo Díaz Wörner) a una audiencia de resolución de controversias, producto del cobro de una boleta de garantía luego de decretada la quiebra de la compañía.
Ried explicó que (según le fuera informado por la propia empresa, dijo), la constructora suscribió con el Itaú Corpbanca un contrato de apertura de crédito para la emisión de boletas de garantía. Esto, detalló, a fin de que el banco respondiese del eventual cobro de una boleta de garantía tomada por CVV en favor del Gobierno Regional del Biobío, para garantizar el cumplimiento del Contrato Corredor Transporte Público Colón, Perales Alessandri.
La abogada sostuvo que, el pasado 11 de noviembre, el Gobierno Regional del Biobío requirió a Itaú Corpbanca el pago de la referida boleta de garantía, por la suma de 21.798,64 UF. Ried detalló que la vigencia del referido documento es hasta el 30 de septiembre de 2023.
“Sin embargo, atendido que sólo han transcurrido tres días desde de la resolución de liquidación, esta liquidadora se ha encontrado impedida de conocer la supuesta efectividad o no de un incumplimiento por parte de la empresa deudora, lo que no resulta baladí si consideramos que se ha presentado a cobro una boleta de garantía que aumentará excesivamente el ya abultado pasivo de la deudora en casi 22.000 UF, con el consabido perjuicio para todos los acreedores”, dijo la abogada.
Luego, sostuvo: “Se agrega a lo anterior que quien presenta la boleta de garantía a cobro es justamente una entidad estatal, en circunstancias que según consta de los antecedentes aportados por la deudora en su solicitud de liquidación concursal, la razón de la solicitud de liquidación concursal de la empresa fue principalmente la ‘burocracia de los mandantes públicos, en especial del Ministerio de Obras Públicas, para gestionar pagos’.
En su petición de quiebra, la empresa enumeró una serie de situaciones en relación a lo que llamó la “burocracia de los mandantes públicos”: atraso en el curso de los estados de pago mensuales, incumpliendo la ley de pago a 30 días; retrasos en la tramitación de convenios de pago de obras ejecutadas y por ejecutar, reteniendo capital de trabajo necesario para la correcta ejecución de las obras y la no recepción y finiquito de obras terminadas.
Además, dijo que realizó presentaciones y reclamos frente a las autoridades públicas respecto del impacto del alza de los costos y el impacto en los plazos, que, según la información de la compañía, representan riesgos no contemplados en una situación de normalidad en los tiempos que fueron contratados los proyectos.
Tras conocerse los fundamentos de la empresa para pedir su liquidación, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, salió a rebatir la postura de la compañía. “Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas”, dijo la autoridad.
“Palmaria falta de armonía”
En su escrito presentado ayer a la justicia, la abogada Ried pidió suspender el pago de la boleta de garantía en cuestión. “Por una parte, el Estado, a través de entidades distintas, ha retardado los pagos a la empresa deudora afectando irreversiblemente sus flujos y estados financieros, para luego, el mismo Estado, pretender efectuar cobros de garantía por contratos afectados por la falta de pago que se indica”, sostuvo.
La jurista apuntó a la normativa sobre las bases generales de la administración del Estado. “Podrá apreciar V.S. (vuestra señoría) una palmaria falta de armonía y criterios comunes entre los órganos del Estado, vulnerando de esta manera el inciso segundo del artículo 5º de la Ley 18.575, que al efecto establece: ‘Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones’”, sostuvo Ried.
Dado esto, la jurista pidió a la justicia citar al Gobierno Regional del Biobío a una audiencia de resolución de controversias para efectos que se acredite –dijo- el “supuesto incumplimiento” del contrato. “Solicito que, se sirva disponer la suspensión del pago de la referida boleta de garantía”, remató la abogada.
Hasta el cierre de esta edición, la magistrada del 9º Juzgado Civil de Santiago aún no resolvía la solicitud de la liquidadora.
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