Aunque se venía conversando desde hace varios meses, fue en octubre y en medio de la crisis social cuando se puso el pie en el acelerador a la búsqueda de fórmulas para evitar las alzas de la cuenta de la luz, motivada principalmente por el aumento de 9,2% a los consumidores en 2019.
En ese contexto, el Gobierno impulsó una ley que estabilizó las tarifas con cargo al segmento de generación, que representa 70,5% de lo que cancela mensualmente un cliente, a lo que se sumaron los cambios en los costos de distribución por la ley que baja la rentabilidad, lo que permitió neutralizar el otro 20% de la cuenta.
Sin embargo, fue la fórmula elegida por la autoridad para abordar el tercer componente de las cuentas de la luz –la transmisión- lo que volvió a encender las alertas en la industria.
Luego de que el 26 de diciembre la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitiera una resolución exenta que en la práctica congela los cargos de transmisión actuales, trascendió que algunos cuestionaron que ésta se realizara vía resolución y no a través de una ley como lo fue para neutralizar los componentes de generación e distribución, dudas que finalmente fueron transmitidas a la autoridad.
Según se consigna en las audicencias por la Ley del Lobby, el 24 de enero el director ejecutivo de la Asociación de Consumidores de Energía No Regulados (Acenor), Rubén Sánchez, junto a otros miembros, se reunieron con el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, presentando sus dudas por la estabilización de transmisión.
De acuerdo a lo que se señala en la plataforma, si bien se habría señalado que para algunos asociados los cargos de la reciente resolución los perjudicó y a otros los benefició, “existe molestia por la sobreutilización y discrecionalidad de las resoluciones exentas por parte de la CNE”, ya que aunque hay consciencia que son permitidas por ley se presentan sin dar mayores explicaciones. El gremio habría cuestionado que la publicación de la resolución no tuvo adjunta bases de cálculo para la revisión de sus segmentos y que, a pocos días de aplicación de un nuevo régimen tarifario, el cambiar estos cargos implicó afectar el plan operacional considerado por muchos asociados según la resolución previa.
Consultados, Acenor declinó referise al respecto por ser una cita de cáracter privado. Sin embargo, según trascendió, la autoridad habría mostrado su disposición de perfeccionar la fórmula en nuevas resoluciones. Al respecto, la CNE confirmó la reunión con Acenor y sostuvo que “se les explicaron las bases del mecanismo de la estabilización en el segmento de transmisión y sobre por qué no afectará las expectativas que tenía dicha asociación”. “La reunión fue de mutuo entendimiento y muy positiva, donde se convino realizar reuniones periódicas para ir revisando la evolución de los diversos procesos tarifarios”, agregaron.
Las dudas del gremio también son parte de las inquietudes de otros actores del sector. Según comenta una fuente, las últimas modificaciones han sido informales y conflictivas, por lo que la industria está tratando de comprenderlas.
La mirada de Acera
Pese a lo anterior, al ser consultados por los procesos de estabilización desplegados por la autoridad, en la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera) ponen sobre la mesa la situación país, señalando de entrada que como asociación “entendemos que desde el 18 de octubre, Chile está viviendo un proceso de cambio y un alto nivel de exigencias, donde todos los sectores deben aportar desde sus posibilidades y responsabilidades”.
Eso sí, reconocen que “resulta especialmente injusto que estas empresas deban participar de un procedimiento de estabilización de tarifas cuyo alto valor es efecto de contratos adjudicados con anterioridad a que las ERNC entraran al mercado”.
“Para muchas de estas empresas ERNC la Ley N°21.185 de estabilización de tarifas, les ha significado tener que asumir costos financieros no contemplados y, además, flujos de ingresos presupuestados según las respectivas bases de licitación, que no ocurrirán en el monto ni en la cantidad esperada”, indicaron, agregando que “esta ley ha fragilizado la situación financiera de varias plantas ERNC”.
Por esto, sostienen que es clave que la resolución exenta que debe dictar la CNE, a través de la cual se reglamenta la ley de estabilización de tarifas, considere todos los elementos necesarios para que se permita financiar el déficit de tarifas a través de instituciones financieras. “También es necesario que se contemple el adecuado tratamiento tributario asociado a este régimen especial, para lo cual debería dictarse una circular del Servicio de Impuestos Internos que aclare el tratamiento tributario de la aplicación de esta ley”, enfatizan.
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