Quedaban pocos minutos para que terminara la junta de accionistas de CGE, el mayor distribuidor de electricidad del país, ligado a la española Naturgy, cuando en Valparaíso la ministra Susana Jiménez anunciaba un cambio en la norma técnica para los medidores inteligentes, lo que fijará la voluntariedad en el cambio de equipos, lo que implica correr la meta para lograr el 100% de la migración desde 2025 a 2027.
Tras escuchar las declaraciones, el presidente de CGE, Antonio Gallart, dio su primera visión de la medida.
"Nos ha generado mucha preocupación todo el rechazo que ha causado en la ciudadanía un proyecto de innovación tecnológica. Nadie esperaba que algo de esto ocurriese. Creemos que los ciudadanos no están viendo todos los beneficios de esta tecnología", dijo.
Consultado sobre el anuncio, dijo que deben ver los detalles, que en principio seguirán trabajando en la mesa técnica, donde están evaluando distintas alternativas y procedimientos, “porque ya sea voluntario o universal, como era originalmente, queremos hacer un proyecto con el que podamos superar el rechazo con el que tiene ahora la ciudadanía”.
Más tarde agregó que “la voluntariedad sola no es suficiente (para dar vuelta esta mala percepción). El trabajo de la comisión técnica, donde se definan las condiciones y otras políticas, puede ayudar a cambiar esta percepción (…) el punto de partida es difícil", recalcó.
Agregó que por eso siguen trabajando en un la mesa técnica –que lleva cerca de la mitad de sus reuniones-, para lograr un plan completo que logre incentivar el recambio, dado que la aplicación de nuevos medidores requiere cierto volumen para que sea efectivo.
Consultado sobre la medida propuesta por el gobierno, para comprar medidores antiguos, señaló que “nosotros creemos que la discrepancia de los $ 10.000 es poco relevante, lo importante es que hay que superar la resistencia a la tecnología”.
Respecto de si cuando salga el plan completo, podrían acceder a cambiar pagar por la compra, dio a entender que será un tema que se verá cuando termine el proceso en la mesa técnica, pero dijo que “nos gustaría un plan que cumpla con la legislación vigente”.
Cambios legales: discusión con altura de miras
Respecto de la baja de rentabilidad, se mostró de acuerdo, pero siempre que se actualicen los factores de riesgo que conlleva el negocio. “Esperamos que además de ajustar la tasa, también se revisen las condiciones de riesgo e incertidumbre asociados con el negocio, como se hizo con la Ley de Transmisión”, dijo Gallart.
El presidente de la empresa, dijo que es necesario modificar la legislación vigente, que viene de los ’80, porque “no da respuesta a los desafíos que tenemos”.
“Es el momento de debatir con altura de miras, definiendo qué tipo de servicio eléctrico queremos para este país, qué tecnología, qué inversiones para tener ese servicio”, recalcó.
Finalmente, dijo que “tenemos confianza que los cambios de la ley corta y larga mantendrán una claridad regulatoria, la seguridad jurídica, que ha sido uno de los elementos distintivos de Chile y que nosotros hemos evaluado tan positivamente”.
División en el gremio: “No es necesario que tengamos la misma opinión”
Respecto a las diferencias que abrió el tema en el sector, donde un grupo de empresas se plegó casi de inmediato al plan de incentivo voluntario que impulsó el gobierno, bajo la promesa de comprar los medidores antiguos a los clientes en $ 10.000, Gallart dijo que tenían el derecho legítimo a tener distintas opiniones, “pero la Asociación de Empresas Eléctricas sigue trabajando en los distintos desafíos que enfrentamos como sector, que es mejorar la calidad de servicio, la ley de distribución, etc. No es necesario que todos compartamos la misma opinión para seguir trabajando”.
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