El conflicto se gatilló luego de que ISA Interchile acumulara alrededor de 500 días de retraso en los tramos 2 y 3 de la megalínea. Esto, por diversos contratiempos que enfrentó la iniciativa como la “toma” de algunas de las torres de alta tensión en la zona de La Dormida, en Olmué, debido a protestas de vecinos que se oponían a la construcción. Fue así que, según la firma, aquello derivó en demoras que se tradujeron en cobros por parte del Estado, ya que este último desestimó que existan causas de fuerza mayor en estos atrasos. Así, tras agotar instancias de diálogo, la firma escaló la disputa al Ciadi.
El 12 de abril de 2021, ISA Interchile anunció la presentación de una solicitud de arbitraje contra el Estado de Chile ante el Ciadi. El 17 de mayo de ese año se registró la petición y luego se anotaron diversos hitos hasta que el 18 de enero de 2022 el Tribunal celebró una primera sesión con las partes.
Desde Cancillería confirmaron que con este último hito se da por cerrado el procedimiento y que solo queda esperar el laudo: “Chile espera tranquilo el resultado”.
Desde entonces, hubo movimientos en el procedimiento, siendo uno de los más relevantes la audiencia sobre jurisdicción y fondo que se desarrolló entre el 19 y 24 de junio del año pasado tras dos rondas de alegatos escritos. Y aunque el caso no sumó más actividades, el 30 de agosto de este año se reactivó cuando cada parte presentó un escrito sobre las costas.
Pero esta semana el expediente del caso reveló un hito clave después de años de trámite en la causa: el 25 de noviembre el Tribunal declaró cerrado el procedimiento de conformidad con la Regla 38 (1) de las Reglas de Arbitraje del Ciadi.
Fuentes confirman que este hito sella el cierre del procedimiento y sólo excepcionalmente el Tribunal puede reabrirlo (antes de dictar el laudo) si se obtiene nueva prueba que por su naturaleza constituye un factor decisivo o porque es de necesidad imperiosa aclarar ciertos puntos específicos.
Aunque hay un plazo que se activa tras este paso, conocedores de estos procesos aseguraron que, en la práctica, el cierre implica que el laudo (fallo) está listo, por lo que este último es inminente y se emitiría antes de fin de año. A principios de 2024, las partes esperaban conocer el resultado en el primer semestre de este año.
Desde ISA no hubo comentarios. Consultados, desde Cancillería indicaron a DF que “efectivamente con esto se da por cerrado el procedimiento y solo queda esperar el laudo. Chile espera tranquilo este resultado ya que, respetuoso del derecho nacional e internacional, tiene la convicción de no haber incumplido con los acuerdos invocados por los demandantes”.
En el Ciadi también está una demanda que data de 2021 en contra del Estado de Chile por parte de los grupos franceses Vinci Airports y el Grupo ADP, controladores de Nuevo Pudahuel. Esta busca compensar efectos derivados de la pandemia. Se suma la ofensiva presentada por accionistas de WOM en agosto de este año luego de una fallida negociación con el Estado por los incumplimientos de la compañía de telecomunicaciones en los plazos de construcción de su red 5G.
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Duro cara a cara
A partir de los últimos documentos y transcripciones contenidos en el expediente que en, promedio, tienen casi 300 páginas cada una, se sincera el intenso cara a cara de las partes. ISA apuntó a que “Chile, en suma, ya no es el país proinversión que dice ser” y que “el Estado propuso una interpretación de los riesgos asumidos por la empresa de conformidad con la cual el Estado se puede lucrar aprovechándose de su propia desidia mediante el cobro de multas”.
La firma apuntó que el tribunal deberá condenar a Chile a pagar a las Compañías ISA, por lo menos, la suma de US$ 230,7 millones por los daños y perjuicios causados a raíz del pago de las multas, las boletas de garantías de cumplimiento, y los sobrecostos constructivos, así como el lucro cesante -calculados al 18 marzo de 2022-, a los que habrá que sumar -entre otros- los costos de este procedimiento. Y reclamó que ni el Ministerio ni la fuerza pública auxiliaron a Interchile en sus intentos por finalizar la obra en el sector de la Cuesta La Dormida.
ISA presentó un informe pericial en derecho chileno preparado por Luis Cordero, exministro de Justicia y hoy subsecretario del Interior.
El Estado de Chile sostuvo que la adjudicataria optó por un trazado “complejo en términos sociales y medioambientales, dejando la construcción de la zona más conflictiva para el final y obviando tomar medidas que hubieran podido contener la conflictividad en la zona”
Añadió que “como inversor experimentado -como insiste en calificarse- la demandante era responsable de evaluar los riesgos que asumía al invertir”. Y que a la demandante “puede no gustarle la ley chilena -un punto que habría tenido que verificar antes de invertir (repetidamente) en Chile-, pero no puede argumentar que el cumplimiento por parte de la República de Chile de sus leyes internas constituye una violación del Tratado”.
Incluso, recordó en sus escritos que ISA unió fuerzas con Transelec y China Southern Power Grid para adjudicarse el proyecto Kimal-Lo Aguirre. Y añade: “Si Chile ‘ya no es el país proinversión que dice ser’ (aludiendo al memorial de demanda) debe de parecérsele mucho”.
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