En el marco del proceso de caducidad de la concesión de Enel por los cortes de luz de agosto de 2024, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) pidió a la empresa realizar una auditoría donde esta última entregó una lista de seis organizaciones que podrían emprender esta tarea, siendo la Universidad de Santiago de Chile (Usach) la elegida por la entidad fiscalizadora. Los resultados se presentarían en los próximos días.
Sin embargo, la compañía de capitales italianos se adelantó y -según información a la que tuvo acceso DF- contrató a GTD Ingenieros Consultores Ltda. para que realizara una “auditoría externa de contraste” como insumo interno.
Su objetivo es el mismo que el mandatado por la SEC a la Usach. Es decir, de acuerdo a la resolución de la SEC, “realizar una evaluación detallada de las capacidades de Enel Distribución para la generación de información en los plazos y con la calidad requerida por el marco regulatorio, respecto a la gestión de la disponibilidad de las instalaciones, la continuidad del servicio, reposición de suministro y atención de emergencias en su zona de concesión, en función de lo establecido en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución (NTSC)”.
Así, la empresa consultora chilena diseñó y aplicó una metodología de auditoría documental y presencial, llevada a cabo en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, que involucró diversas actividades.
Según el informe de auditoría, GTD señala que, no obstante la verificación de la existencia, coherencia y consistencia de los Planes Operativos, Planes de Contingencia y Planes de mantenimiento, con las exigencias de la NTSC, “el excepcional” evento meteorológico de agosto ha evidenciado que las capacidades de los recursos humanos y materiales comprometidos y dispuestos aún cuando fueron muy superiores a los previstos en los planes de contingencia anteriores, “no fueron suficientes”.
Eso sí, indican que vale la pena constatar que, según los datos entregados, “los recursos que Enel Distribución dispone son superiores a los del modelo regulatorio chileno, además que, en caso de dicho evento, estos fueron ampliados con personal de Enel de otros países”.Se detalla que el evento climático tuvo rachas de vientos de más de 120 km/h en lugar de los 20 a 40 km/h previstos por la alerta Senapred A284 del 1 de agosto y la Dirección Meteorológica de Chile, con alrededor de 3 mil árboles caídos en la Región Metropolitana (RM), generando un impacto de más de 700 mil clientes de Enel interrumpidos muy por sobre los 10 mil a 50 mil clientes previstos en el Plan de Contingencia, “lo que significó que Enel Distribución, tuviera un desempeño menor al esperado en la recuperación del servicio”.
Concluye que Enel posee las capacidades para entregar la información regulatoria y con actualización mucho más rápida que las dos horas que exige la autoridad. Pero, ante el requerimiento en tiempo real de la autoridad durante el evento, se entregó con retrasos la información de los Oficios Circulares Electrónicos SEC N° 240.222 y Nº 240.223 del 3 de agosto debido a que, según argumentan los profesionales a cargo, los alcances y formatos exigidos eran distintos a los de las aplicaciones y reportes existentes.
Y se asegura que “el incumplimiento se debe solo a las cuatro o cinco horas de retraso en la entrega más que en la veracidad de la información, situación que se evitaría a futuro si se establece un formato estable en el tiempo”.
La auditoría ha podido concluir -se añade- que “el desempeño del servicio de Enel Distribución, tanto en condiciones normales como de emergencia, cumple con los estándares normativos vigentes, la empresa tiene la capacidad de gestionar la continuidad y disponibilidad de sus instalaciones ante eventos de contingencia, cumplir con los planes de continuidad operacional y mantenimiento exigidos por la NTSC, así como para elaborar y entregar la información que la regulación requiere”.
Revisión de la normativa
Sin embargo, se advierte, “ante eventos climáticos extraordinarios como los del 1 y 2 de agosto, dejaron de manifiesto que sus efectos superaron las capacidades de todas las compañías de servicio público, y en particular las de Enel, aspectos que debieran ser revisados en la actual normativa y regulación”.
Según se explica, la auditoría ha podido constatar que aun cuando los recursos dispuestos por Enel para enfrentar la crisis de agosto fueron de alrededor de 10 veces las brigadas y casi tres veces el personal de atención de clientes que en estado normal, “superando los estándares considerados como eficientes por el modelo regulatorio vigente, la cantidad y duración de las interrupciones a los clientes superaron ampliamente los niveles permitidos por la NTSC, lo que también ha permitido identificar oportunidades de mejoramiento”.
Entre estas últimas, está la revisión de normas constructivas de redes aéreas y subterráneas en relación con el cambio climático, considerando, por ejemplo, velocidades de viento de más de 120 km/h que no habían ocurrido en la RM y alternativa de migración progresiva hacia el soterramiento de redes y estanqueidad de instalaciones subterráneas. Y la revisión de aspectos regulatorios, como flexibilidad y resiliencia de las redes, en cuanto a diseño, operación, respaldo y tarifas.
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