Como una forma de dar punto final a la polémica en torno a los medidores inteligentes, el gobierno decidió dar marcha atrás a la medida tal como se conocía.
Esto, tras una seguidilla de reuniones que se intensificaron el fin de semana y que concluyeron ayer cerca de las 17 horas, cuando la ministra de Energía, Susana Jiménez, se trasladó a La Moneda y anunció que las distribuidoras eléctricas tendrán que devolver en julio -en tarifa- los dineros cobrados en la cuenta de luz desde octubre.
Para esto, el gobierno deberá modificar la norma técnica de diciembre de 2017, donde se estableció el ítem de medidores inteligentes, pero sin tocar el decreto tarifario. Así, se espera que dentro de seis meses se modifique esta norma por el proceso consultivo y que en mayo la Comisión Nacional de Energía (CNE) anuncie el detalle del cambio.
“El principio básico es mejorar la calidad del servicio al menor costo posible y ese es el norte que tenemos como gobierno. Hemos escuchado la ciudadanía y su legítima molestia con lo que ha generado el cambio de medidor. Es por eso que creemos que la voluntariedad tiene un aspecto esencial en la política pública y, en ese sentido, darle una oportunidad a los 6,7 millones de hogares de elegir libremente este cambio en sus viviendas”, explicó Jiménez.
Para reafirmar la voluntariedad, además de suspender y devolver íntegramente todo cobro asociado al cambio de estos aparatos, indicó que sólo se instalarán nuevos medidores a aquellos clientes que lo soliciten de forma expresa e informada.
Según explicó la secretaria de Estado, en términos de implementación a futuro, los clientes asumirán los costos de este cambio de medidor en un formato de arriendo, pero a su vez estarán sujetos a los beneficios asociados a cada tipo de medidor que escoja. Así, quienes deseen quedarse con el equipo tradicional, no pagarán el costo de los nuevos y su situación seguirá exactamente como era antes.
Mientras, los que voluntariamente opten por el medidor inteligente, pagarán el costo de ello a través de un concepto de arriendo y recibirán progresivamente sus beneficios.
“Serán las empresas las que tendrán la tarea de convencer a los clientes y a los hogares sobre los beneficios del cambio de medidores y serán los usuarios quienes voluntariamente decidirán optar por este cambio. Como gobierno estamos convencidos que este cambio debe ser por convicción de cada persona y no por imposición desde el Estado”, aseguró Jiménez.
Las metas que debían cumplir las empresas para el recambio no se mantendrán, aunque se impulsarían nuevas más adelante.
Empresas respaldan salida
La reacción no se hizo esperar. La primera en romper el silencio fue CGE, misma empresa que el 14 de marzo –en medio del quiebre que se generó en el gremio de las Empresas Eléctricas, cuando Enel aceptó comprar medidores antiguos a los clientes- dijo estar convencida que la mejor solución era reestudiar la puesta en marcha y el despliegue de esta tecnología mientras no exista el convencimiento generalizado de sus beneficios.
En una declaración, la firma de capitales españoles valoró la suspensión y la devolución del cobro por los medidores inteligentes, recogiendo su planteamiento anterior: “Desde un principio, CGE ha planteado la importancia de que la instalación de estos medidores se realice con el convencimiento generalizado de sus ventajas por parte de la ciudadanía. Para ello, comunicará e informará a sus clientes de los beneficios que traerá esta medida”.
Saesa respaldó que la instalación de los aparatos sea voluntario, considerando el rechazo de la ciudadanía a este cambio.
“Los beneficios tecnológicos y adelantos de estos medidores son altísimos y en directo beneficio de los usuarios y, será tarea nuestra, de las empresas, ir demostrando a nuestros clientes sobre las bondades de estos medidores”, comentaron y agregaron que están convencidos de que esta tecnología los ayudará de forma importante a la mejora en el servicio ofrecido.
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