Los intentos infructuosos para cerrar la polémica en torno a los medidores inteligentes motivaron a construir una nueva estrategia en el gobierno.
Según informó Tele 13 Radio, el Presidente Sebastián Piñera mandató a la ministra de Energía, Susana Jiménez, a negociar con las empresas del sector una devolución de los cobros que se han realizado producto del cambio de tecnología de estos aparatos, lo que ha gatillado reuniones durante esta semana en las dependencias del Ministerio.
Esto porque desde septiembre comenzó a regir un nuevo decreto tarifario interperíodo, el que se extenderá hasta noviembre de 2020, donde se reconoce el costo que tendrán las empresas en recambiar el 15% de los 6,5 millones de equipos que hay en el sistema. Así, se estima que el mayor costo equivale a 1% de una cuenta de luz, lo que para un consumo promedio implica del orden de $ 200 mensuales.
El lunes a las 19.00 horas se desarrolló el primer encuentro, el que fue liderado por Jiménez y las cuatro principales empresas, donde habría asistido el presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, y su par de CGE, Antonio Gallart. Mientras, una segunda cita se habría concretado ayer durante la tarde, también en completo hermetismo.
Quitar la obligatoriedad
Fuentes de la industria comentan que habrían dos empresas que estarían dispuestas a acceder a la petición de Jiménez, siempre y cuando se elimine la obligatoriedad de cumplir con el 100% del recambio en nueve años, de acuerdo al último planteamiento hecho por el gobierno.
Así, la fórmula que estarían pensando en la industria es modificar la norma técnica eliminando la obligatoriedad de los medidores, lo que podría realizar la Comisión Nacional de Energía (CNE) sin mayores dificultades si la ministra así lo solicita.
Con esto, se podría cambiar el decreto tarifario, ya que se estaría -en este caso hipotético- cobrando por una exigencia que ya no existe.
Sin embargo, considerando que el cambio del decreto tarifario tardaría algunos meses en su paso por la Contraloría, las empresas ya tendrían la disposición a eliminar el costo asociado por los medidores con tal de que se les suprima la obligatoriedad.
El cuestionamiento principal de la industria, y que motivaría estas estrategias, es que mientras sea obligatorio, las empresas no solo tienen el derecho de cobrar sino la obligación de hacerlo.
El mandato de Piñera sería clave, ya que se ve esta negociación como la última salida para cerrar definitivamente la polémica de los medidores inteligentes, donde el gobierno no ha logrado cerrar las críticas, pese a las medidas que ha impulsado. De no hacerlo, comentan fuentes, Jiménez debería dar un paso al costado asumiendo el costo político del problema que incluso ha afectado a La Moneda.
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