Hace por lo menos un año que Ian Nelson, CEO de Energía Llaima, eléctrica ligada a Juan Claro, José Antonio Garcés y Gonzalo y Salvador Said, además de socios canadienses, viene estudiando de cerca la industria de los Pequeños Medios de Generación Distribuída (PMGD).
Estas unidades de generación, que por ley pueden tener máximo 9.000 kW, pueden inyectar electricidad al sistema en redes de distribución y acceder a un precio estabilizado, el que buscaba normalizar sus flujos, ya que cuando se creó el mecanismo, había una alta volatilidad en los costos marginales.
En total, a la fecha hay 884 MW de capacidad instalada de centrales con estas características, donde el 44% es solar. A nivel de fusiones y adquisiciones se ha tornado en un segmento de alto interés, con transacciones de varios proyectos a la vez, donde fondos de inversión han estado especialmente activos.
Para facilitar el desarrollo de estas iniciativas, pero además eliminar distorsiones que se han visto en la práctica, el Ministerio de Energía comenzó hace unos días un sistema de trabajo para reformar el decreto que establece todas estas condiciones, lo que ha generado la oposición de algunos sectores de la industria.
Para Nelson hacer estos cambios es urgente, porque a su juicio se está gestando un problema que puede ser mucho más grande. Esto, porque en la mayoría de los nodos que tiene el sistema eléctrico, hay bloques horarios en el día que tienen un alto desacople con los costos marginales reales -que marcan las transferencias de energía al interior del sistema-, lo que a su juicio se ha convertido en un subsidio que está pagando la demanda, lo que más temprano que tarde terminará en litigio.
En la propuesta del gobierno se busca cambiar la forma como se fija el precio estabilizado -desde un promedio diario a uno por bloques horarios-, aunque establece un largo período donde los proyectos en operación podrán mantener el régimen actual.
Nelson se muestra a favor de la nueva propuesta, ya que no está contra del precio estabilizado, sino de cómo se está calculando, por los efectos que genera.
- ¿Qué ha provocado la forma cómo se calcula el precio estabilizado?
- Se ha armado toda una industria en este segmento de generación, porque lo atractivo del precio estabilizado es que equivale a un subsidio tan interesante que es muy difícil dejar de invertir en él.
Además, en particular para proyectos fotovoltaicos, que no requieren mucha ingeniería y los paneles son básicamente los mismos, es todo bastante fácil y no hay barreras de entrada.
Entonces esto se transformó en búsqueda de inversionistas que quieran meterse y hay cientos de proyectos, lo que demuestra las rentas sobre normales que está teniendo.
Cuando se discutió la ley que creó todo esto en 2004 -en la cual participé-, los legisladores fueron claros en decir que no se iban a subsidiar ni dar ayudas especiales a ningún tipo de energía, pero lo que ha pasado es que existe un reglamento que, sin querer, fue en contra de la ley. El regulador no tiene ahora mucha opción, tiene que arreglar una situación que nunca contempló en la ley.
- ¿Qué pasaría si se mantiene?
- Si no se cambia hoy, aparte que esta situación siga creciendo, existe el riesgo de que alguien litigue y decida no pagar este subsidio, porque en la práctica ese diferencial los generadores que tienen contratos los han estado traspasando a su cliente final.
Es esperable que en algún momento alguna de estas asociaciones diga, "espere, esto no está en la ley, no tengo por qué pagarlo" y ahí se va a armar un problema grande.
- ¿Cuál es el perfil de los PMGD?
- Hoy ya no son pequeños generadores que necesita una ayuda, sino que estamos hablando de fondos de inversión hechos y derechos, incluso este tipo de proyectos se los han estado ofreciendo a families offices.
- ¿Qué le parece que exista oposición a estos cambios?
- A mi juicio, no es reprochable el haber aprovechado el precio estabilizado, porque está ahí, pero sí es reprochable que alguien discuta el término del precio estabilizado tal como está hoy, porque en el fondo este es un decreto que se puede cambiar en 24 horas. La autoridad tiene una obligación de cambiar esto, no en cuatro años, ni en ocho, ni en doce. Esto es hoy, porque le está obligando a otros hacer una transferencia de valor hacia este tipo de desarrolladores en base a algo que nunca estuvo en la ley.
Cuando alguien dice que se van a parar inversiones, la pregunta que surge es: ¿son inversiones que en realidad se deberían estar haciendo? Si se hacen sólo porque existe una transferencia de renta, creo que no deberían hacerse. No son sanas para el sistema.
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