Sorpresa causó en la industria el pronunciamiento que emitió ayer el Panel de Expertos -organismo que resuelve discrepancias del sector eléctrico- en el conflicto que mantienen los generadores y transmisores, luego de que éstas últimas se negaran a devolver recursos a las primeras, que alcanzan US$ 142 millones.
Esta pugna comenzó después que el Coordinador Eléctrico reliquidara -según criterios fijados por la Comisión Nacional de Energía (CNE)- pagos que se habían realizado entre enero y octubre del año pasado, derivado de la aplicación de la Ley de Transmisión de 2016 que cambió la forma en que se remunera este servicio.
En un escrito de 197 páginas, donde el organismo repasa por ejemplo que la CNE tuvo un retraso de prácticamente un año respecto del inicio del régimen común que señalaba la nueva normativa, concluye que “los caminos a seguir para resolver el conflicto planteado no tienen un correlato literal o previsto en forma expresa en la normativa vigente, por lo que éstos deben ser definidos atendiendo los objetivos y el espíritu perseguido por dicha normativa”.
Incluso, plantea que el caso se enmarca en un contexto donde la regulación fue “sobrepasada” frente a su concepción original. Así, según comentan fuentes, el Panel de Expertos fue más lejos, ya que no solo reconoció que no había solución transversal, sino que planteó la fórmula que a su juicio permite el mejor balance.
El organismo indicó que el saldo, respecto del total a devolver según el Informe de Revisión de Peajes del Sistema de Transmisión Nacional correspondiente a 2019, será devuelto gradualmente a las generadoras pertinentes, en la medida que las empresas transmisoras lo vayan recibiendo por la vía de la recaudación del cargo único de transmisión determinado por la CNE.
Mientras, las transmisoras deberán devolver a todas las firmas generadoras con contratos libres adscritos al mecanismo CET, los montos de los descuentos que efectivamente dichas generadoras hayan realizado en tales contratos a sus clientes en 2019.
Es decir, el principio del dictamen es que sólo se devolverán recursos en la medida que se pueda cobrar a través del cargo único.
Otra fuente, en tanto, cree que la instancia se excedió en sus facultades, ya que si no había una salida en la normativa, debía dejar a las autoridades delinear esa hoja de ruta. Aunque el dictamen sería inapelable, sí existiría la posibilidad de que el Ministerio de Energía lo declarara ilegal acudiendo a la Contraloría.
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