Tras una serie de fiscalizaciones y requerimientos de información, el pasado 5 de abril la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos en contra de la empresa Enel Generación Chile por incumplimientos calificados como “graves” de medidas establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Central Hidroeléctrica Ralco.
Ubicada a 120 kilómetros al oriente de Los Ángeles en el Biobío, consiste en una central hidroeléctrica de dos turbinas cuya potencia instalada es de 690 MW.
La entidad fiscalizadora detectó dos hechos que se estiman constitutivos de infracción. El primero de ellos, no efectuar satisfactoriamente la reforestación comprometida como medida de compensación asociada a la afectación de 1.895 hectáreas de bosque nativo de tipo forestal Roble-Raulí-Coihue, provocada por la construcción y operación de las partes y obras de la central. Y, además, no informar a la SMA el caudal ecológico restituido por la hidroeléctrica durante los años 2017 y 2018.
A juicio de la SMA, la empresa no ha cumplido con la ejecución de las medidas de reforestación asociadas a la ejecución del proyecto, habiendo transcurrido más de 20 años desde la aprobación de la RCA, faltando un total de 686,84 hectáreas de acuerdo a la respuesta enviada ante un requerimiento de mayo del año pasado.
La reforestación comprometida es una de las medidas más relevantes para hacerse cargo del principal impacto del proyecto: la inundación. “Se afectarán por el proyecto 1.895 hectáreas, de las cuales 1.735 son por el área de inundación indicándose que la reforestación es la medida que tiene por objeto compensar la pérdida de formación vegetal”, se plantea.
Teniendo en cuenta que la empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos desde que fueron notificados, Enel Generación solicitó el 17 de abril ampliar dichas fechas.
“La solicitud se funda en la necesidad de recopilar, ordenar, citar y preparar adecuadamente los antecedentes técnicos y legales que sustentarán la elaboración y posterior presentación de un programa de cumplimiento, los cuales son necesarios para definir las metas y acciones de éste (…) Del mismo modo, dichos antecedentes deben ser recopilados para una eventual presentación adecuada de defensa a través de descargos”, señaló el gerente general, Valter Moro.
La firma arriesga la revocación de la RCA, clausura o multa de hasta 5 mil unidades tributarias anuales (unos US$ 4,5 millones).
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