Un amanecer poco grato fue el que vivieron tres de las principales oficinas legales de Perú el pasado martes 9 de julio. A las 6:30 de la mañana comenzó un operativo de allanamiento, encabezado por el equipo especial Lava Jato, con fines de incautación en medio de la investigación del denominado Caso Gasoducto Sur Peruano y su adjudicación –presuntamente irregular- a la constructora brasileña Odebrecht.
Un escándalo que llevó al ojo del huracán a connotados estudios jurídicos del vecino país, todos ellos rankeados en las más prestigiosas publicaciones legales: el Estudio Echecopar (asociado de Baker McKenzie); Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (PPU); y el estudio jurídico Muñiz.
Fueron horas de alta tensión.“Estamos otorgándole todas las facilidades en la absoluta convicción que nuestra firma no ha tenido ninguna participación distinta a la que correspondió a una estricta, diligente y puntual asesoría legal a favor del fondo de inversión Conduit Capital –firma que otorgó a Odebrecht un derecho de exclusividad para ejecutar el diseño y construcción del Gasoducto Andino del Sur-, muchos años antes que se produjeran los hechos que son materia de investigación”, se defendió el estudio Muñiz en una carta enviada a sus colaboradores, pasada las 8 de la mañana, y que ratificó en una declaración enviada a este medio.
La orden de allanamiento fue emitida por la Corte Superior de Justicia especializada
en delitos de crimen organizado y corrupción.
Minutos más tarde, en PPU Perú también comunicaban a sus trabajadores que debido a un procedimiento administrativo, no podrían ingresar a las oficinas. En este caso, aclaran, la relación sería indirecta, puesto que la investigación se dirige a socios del estudio Delmar Ugarte, firma que se fusionó con Ferrero en 2016.
“Actualmente nuestro estudio no está incluido en esta investigación, sin embargo, reafirma que está a disposición de las autoridades peruanas, por cuanto la referida diligencia se realizó en el marco de una investigación centrada en el proceso de licitación del proyecto Gasoducto Sur, que incluye la emisión de una opinión legal del estudio Delmar Ugarte en el 2014, previo a su integración a la firma”, señaló.
Así fue como transcurrió esa mañana en cada una de estas oficinas, que veían expectantes cómo el procedimiento dirigido por la mismísima fiscal del caso Lava Jato en el vecino país, Geovanna Mori, era seguido paso a paso a través del Twitter del Ministerio Público.
¿Qué investigan?
El documento emitido por la Corte Superior de Justicia, y al que tuvo acceso Diario Financiero, es claro. Indica que la finalidad de la medida es “encontrar bienes y/o información que sean de interés para la investigación... que acrediten algún tipo de coordinación entre los investigados”.
El Ministerio Público se encuentra buscando antecedentes sobre eventuales pagos ilícitos de Odebrecht para adjudicarse el Gasoducto del Sur –una inversión superior a los US$ 1.300 millones-, y por ahora la eventual participación de los estudios mencionados es para recabar antecedentes del proceso y buscar vínculos que habrían tenido con la firma brasileña.
“(Investigarlos) dependerá de la evaluación de la documentación que hemos obtenido”, dijo la fiscal el viernes en entrevista al medio local Gestión. Explicó que “los estudios no están dentro del caso”, aclarando que la investigación se dirige específicamente a los abogados que realizaron y firmaron informes en derecho para descalificar al consorcio competidor de Odebrecht. Su tesis es que tales opiniones fueron realizadas sin que concurra causal de transgresión de las bases.
Frente a la investigación, el estudio Echecopar dijo a DF que ellos sólo se enfocaron en dar una opinión legal. “En este contexto en el estudio no han encontrado nada, por supuesto, porque sólo emitimos un estudio legal”.
Muñiz agregó que en su caso la fiscalía “no se llevó ningún documento, a diferencia de lo que entendemos -por las noticias- ocurrió en las otras firmas”, insistiendo en que su conexión sólo es “fortuita”.
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