El pasado 6 de mayo venció el plazo para que terceros entreguen sus recomendaciones a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) con miras a modificar el reglamento de notificación de operaciones de concentración. Y es que según ha manifestado el organismo antimonopolios, todavía existe espacio para perfeccionar la normativa.
Pero, ¿cómo ha funcionado a la fecha este instrumento? A casi dos años de su puesta en vigencia, la FNE ya cuenta con estadísticas que revelan qué tan efectivo ha sido.
La primera cifra que salta a la vista es el número de notificaciones ingresadas e iniciadas, que entre junio de 2017 y marzo de 2019 llegaron prácticamente al centenar. De ellas, casi un 86% ha recibido aprobación sin condiciones, un 12% se ha aprobado con medidas, y apenas un 2% ha sido prohibida.
Respecto del tipo de notificación ingresada y extendida a Fase 2, es decir, operaciones de mayor complejidad por los efectos que pudiese tener en el mercado relevante, éstas no superan las cinco, entre las que se incluyen las dos que fueron rechazadas: el ingreso del Santander a la propiedad de Servipag y la compra de Nutrabien de parte de Ideal; no obstante, en este último caso la decisión fue revertida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Cifras que, según la fiscalía, demuestran que se avanzó significativamente frente a lo registrado en el antiguo procedimiento de consulta ante el TDLC entre 2013 y 2017 (previo a la reforma), periodo en que se notificaron voluntariamente sólo 18 operaciones y se abrieron 61 investigaciones de oficio. En ese lapso, ciertamente existían mayores incentivos a materializar fusiones o adquisiciones sin necesidad de consultar a la autoridad.
De acuerdo a una presentación realizada por el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, en Libertad y Desarrollo -en abril pasado- la mayor cantidad de casos recibidos se han abordado con la misma calidad en el análisis y cumpliendo los plazos establecidos.
“Sólo aquellas fusiones problemáticas han tenido plazos más extensos, tiempo que permite un análisis profundo y el establecimiento de medidas de mitigación cuando ha sido necesario”, recalcó en dicha presentación.
El factor de los plazos
Los plazos también asoman como una variable interesante de analizar. Según la FNE, la duración promedio de las causas en Fase 1 (aprobadas sin condiciones) es de 21 días, luego para las que se aprueban con medidas de 76 días y de 106 cuando se refiere a las investigaciones de mayor complejidad, periodo que no incluye el tiempo que dura la negociación de las mitigaciones, el que se puede extender por hasta dos meses.
Al hacer un comparativo frente a otros países, la misma presentación revela que Chile está bajo el promedio del tiempo en que resuelven las causas en Fase 1 y 2 versus agencias de competencia de algunas naciones miembros de la OCDE. Por ejemplo, Inglaterra resuelve sus causas menos complejas en 33 días, Francia en 22 y Alemania lidera con 13 días. En el caso de las operaciones de alta complejidad, Chile tampoco parece mal rankeado con 106 días en promedio frente a 83 días de Alemania, 130 en Inglaterra y alrededor de 110 en España.
En materia de plazos, de acuerdo a información de la FNE, se logró bajar a poco más de la mitad el período de resolución de las operaciones de fusión analizadas por la institución frente al procedimiento anterior.
Sobre los desafíos, la FNE asegura haber tomado varios resguardos para entregar mayores certezas respecto del procedimiento de notificación y que involucra una mejora la reglamento (proceso que está en curso), además de la publicación de cifras trimestrales que den cuenta del funcionamiento del sistema.
Gráfico corregido. En la versión papel del lunes 13 de mayo, por error se invitieron las cifras en el gráfico Número de Resoluciones Terminadas, que aquí aparece corregido.
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