La ciudad de Santiago está retomando de a poco su ritmo de actividad anterior al Covid-19, con el progresivo desconfinamiento de sus comunas. Sin embargo, el impacto de la pandemia aún se refleja en los índices de movilidad, con bajas de 67,5% (equivalente a 5.571.578 usuarios) en el segmento de buses, según el último reporte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
Por esta razón, la titular de la cartera Gloria Hutt y su representante en el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Fernando Saka, armaron desde abril una mesa semanal con los seis operadores del exTransantiago para discutir cómo enfrentar los efectos económicos de la crisis sanitaria sobre el equilibrio financiero de sus operaciones.
En estas sesiones, las firmas extendieron su preocupación sobre cómo continuarán funcionando cuando se termine la cláusula de pago por afectación del servicio, donde se desembolsa un cobro por kilómetro recorrido y se retomen las validaciones de la tarjeta BIP. Este temor tiene como telón de fondo el actual comportamiento de la ciudad, ya que a pesar de su progresivo desconfinamiento los usuarios siguen con miedo de volver a utilizar el transporte público por riesgo de contagio. Este cuadro se ve reforzado por la experiencia de Europa en el segmento de los buses, donde la caída de la demanda normal de pasajeros se mantuvo en un 40% pese a no tener restricciones.
Gloria Hutt, ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
En estas razones, el gobierno se comprometió a estudiar una nueva fórmula: "Dado el nuevo escenario de caída de demanda y su lenta recuperación, estamos evaluando alternativas que permitan garantizar la operación durante esta etapa de transición, sin que esto signifique mayores costos y velando por la sostenibilidad financiera del sistema", comentó la DTPM a Diario Financiero.
La alternativa
La situación de los operadores podría volverse crítica si no se modifica el mecanismo de financiamiento en el corto plazo. De hecho, un alto ejecutivo de una de las seis firmas -que pidió reserva- afirmó que "si nos pagan con la fórmula antigua estaríamos quebrados en un mes".
Este sería el segundo cambio en menos de un año al esquema de pago del exTransantiago y, una de las alternativas que está cobrando fuerza en la discusión, es que se pague el 65% de las validaciones de la tarjeta BIP, mientras los operadores no recuperen la demanda necesaria para asegurar el equilibrio financiero.
Esta idea surgió a raíz de que en los contratos de los operadores se les paga en marzo una devolución del 65% de sus validaciones. Por ende, las empresas plantearon replicar la medida mientras continúen los efectos de la crisis. "Esta fórmula tiene como fin que el Estado reconozca la caída de la demanda. Esto nos salva de quebrar", concluyó una fuente ligada al sector.
Este pago no será permanente y se termina cuando las compañías recuperen un volumen de demanda similar a los niveles pre pandémicos. Según estos cálculos, posiblemente esto podría suceder en el segundo semestre de 2021.
Eso sí, el gobierno aplicaría un castigo en el precio de los contratos de los operadores con una rebaja que va entre el 10% y el 20%, dependiendo del acuerdo de cada firma con el Estado.
Situación de los buses
En el lado operacional, el funcionamiento de los buses ha sido complejo desde el estallido social en adelante. Incluso, las medidas sanitarias han repercutido no sólo en la baja de las validaciones de la tarjeta BIP, sino que también en el comportamiento de los usuarios, a los cuales se les ordenó entrar por la puerta secundaria para evitar aglomeraciones, situación en la que muchos evadirían el pago.
Por ello, es que en las mesas de discusión se planteó la idea de volver a instalar torniquetes en los nuevos buses Euro VI y eléctricos para evitar la evasión al sistema de transportes, el cual está planificado ser más cómodo y menos estrecho que las antiguas máquinas. Este acuerdo se dará a conocer con la nueva fórmula de pago al sistema.
En el aspecto financiero, dentro de la industria ha cobrado fuerza poner en discusión un cambio en la Ley de financiamiento del Transantiago, producto de que en 2022 vence el subsidio transitorio que complementa el costo de una parte del pasaje de los usuarios.
La situación actual del financiamiento es que el presupuesto del gobierno contemplado para 2021 estima que se invertirán para el exTransantiago un total de $34.346 millones, lo cual significa un decrecimiento de $22.834 millones. Mientras tanto, el Subsidio al Transporte Público creció en $36.003 millones.
Consultada durante un punto de prensa la semana pasada sobre los efectos en los precios a los usuarios, la ministra Hutt explicó que esta baja no afectará la tarifa de los pasajes porque se eliminó el gasto en paraderos, infraestructura y el corredor de Independencia.
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