La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó este jueves un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Dreams, Enjoy, Marina del Sol y contra cinco altos directivos de estas empresas (el accionista de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky; el gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; el presidente y dueño de Dreams, Claudio Fischer; el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber) acusándolos de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021, de acuerdo a lo que informó el ente persecutor.
Esto, luego de que el regulador -con fecha 3 de febrero de 2022- presentara una denuncia anónima ante la FNE haciendo presente una serie de antecedentes vinculados a la falta de competencia entre Dreams, Enjoy y Marina del Sol en las licitaciones para el otorgamiento o renovación de los permisos de operación de casinos de juego, evidenciando que las operadoras presentaron por sus principales salas de juegos ofertas económicas inferiores al 1% de sus ingresos brutos del juego promedio anual para el periodo 2018-2019 respecto de cada uno de esos mismos casinos de juego.
“Esta colusión permitió renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo”.
Jorge Grunberg, Fiscal Nacional Económico.
Frente a esto, la Fiscalía sostuvo que “las empresas requeridas pactaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento poseían, sin enfrentar competencia, y que consiguieron su objetivo logrando adicionalmente el pago de una oferta económica más baja que la que hubiese resultado en un marco de libre competencia”.
Dicho esto, agregó que las empresas requeridas actuaron bajo la lógica de “el que tiene, mantiene”, concepto utilizado por el mismo gerente general de Marina del Sol en su declaración. Así, el acuerdo significaba que Dreams mantendría sus casinos en San Francisco de Mostazal, Temuco, Valdivia y Punta Arenas; Enjoy en Antofagasta, San Antonio, Rinconada de Los Andes y Los Ángeles; y Marina del Sol en Calama, Talcahuano y Osorno.
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El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, señaló que “esta colusión permitió renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo. Por eso pedimos al TDLC que ordene poner término a dichos permisos para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”.
El caso tomó conocimiento público en agosto de 2022 cuando se conoció del allanamiento a las casas de altos ejecutivos de la industria.
En marzo de 2023 DF dio a conocer un documento interno de Marina del Sol -elaborado por el abogado de libre competencia, Javier Velozo- en el que se concluyó que “existe evidencia categórica acerca de comunicaciones intensas entre NIE (Imschenetzky), HCS (Comber) y JWG (Wilhelm) durante los meses previos a las Licitaciones Sospechosas, incluida una reunión presencial en la que se intercambió información” y recomendaba a la empresa iniciar un proceso de delación compensada, lo cual finalmente ocurrió.
Las multas
En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que “aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia sólo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo”.
Las multas solicitadas por el ente persecutor para las empresas requeridas son las más elevadas registradas en un requerimiento por colusión, superando ampliamente las del caso “Pollos” (UTA 110.000) y “Navieras”, “Supermercados” y “Alimento para salmones” (UTA 90.000, en cada uno de ellos).
Dentro de los sancionados, las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con UTA 126.806 (aproximadamente US$ 112,4 millones); y para Enjoy, con UTA 41.498 (casi US$ 36,8 millones).
Respecto a los directivos, la FNE pidió el pago de UTA 1.218 (aproximadamente US$ 1 millón) en el caso de Jaime Wilhelm; UTA 941 para Claudio Fischer (cerca de US$ 834 mil); UTA 761 (unos US$ 674 mil) para Claudio Tessada; y, UTA 130 (casi US$ 115 mil) para Henry Comber.
“Las multas consideran la gravedad de un cartel que ha estado afectando directamente los intereses del Estado y los recursos de las municipalidades donde se encuentran los casinos operados. Esperamos que, junto con pagar las multas que solicitamos, la sentencia ordene a las empresas requeridas devolver cuanto antes los permisos que obtuvieron y se reestablezca la competencia en esta industria”, afirmó el Fiscal.
En este sentido, cabe mencionar que entre 2017 y 2023 Dreams, Enjoy y Marina del Sol concentraron 90% de los ingresos de la industria de casinos en Chile (que en promedio alcanzó $ 400 mil millones brutos anuales) y que en conjunto son titulares de un 70% de los permisos para operar este tipo de establecimientos en el país.
La magnitud de la multa solicitada al TDLC se debe, de acuerdo a la FNE, a la gravedad de la conducta ejecutada, la afectación de licitaciones públicas, el poder de mercado de las empresas requeridas, la participación de altos directivos en el acuerdo, la conciencia que tenían de la ilicitud de su comportamiento (usaron nombres en clave, sostuvieron reuniones clandestinas, borraron evidencia de teléfonos móviles y utilizaron mensajería de duración temporal) y la extensión o duración del daño causado.
En cuanto a Marina del Sol y a sus ejecutivos involucrados, la Fisacalía solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas, por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada.
Los permisos de operación
La duración de los permisos de operación que resultaron afectados por el actuar coordinado de las Empresas Requeridas se extienden por un periodo de 15 años desde su otorgamiento. Frente a esto, la FNE indicó que “los efectos perniciosos de la colusión se materializarían hasta el vencimiento de los respectivos permisos, durante los años 2038 y 2039”.
Por esta razón, el ente persecutor solicitó al TDLC poner término a los permisos de operación obtenidos por las empresas requeridas en los procesos licitatorios de 2020 y de 2021, extendiendo su vigencia solo hasta la fecha del inicio de las operaciones de los casinos de juego que en definitiva resulten adjudicados en un nuevo proceso licitatorio que se lleve a cabo en términos competitivos. Lo anterior, para velar por la continuidad de la actividad, pero, a la vez, con el objeto de impedir que se mantengan en el mercado los efectos imputables a la conducta objeto de esta acusación.
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Blanca Dulanto
