A fines de noviembre partirán los diálogos entre la Subsecretaría de Pesca, a cargo de Julio Salas, y las empresas y gremios del sector por la nueva Ley de Pesca. El gobierno busca que esta nueva normativa sea una especie de “Código de Pesca” que incluya elementos como la cadena de comercialización de productos pesqueros, procedimientos sancionatorios, fiscalización y el régimen laboral de los pescadores, además del “corazón” de la ley, a saber, la distribución de los recursos pesqueros.
En conversación con Diario Financiero, el subsecretario dijo que “los ‘borrón y cuenta nueva’ no existen, siempre se aprende de la experiencia normativa anterior más allá de su vigencia jurídica”.
“El objetivo es que la nueva ley se discuta de manera muy transparente para restablecer la confianza en las reglas del juego que van a normar el sector pesquero.”
Julio Salas, subsecretario de Pesca y Acuicultura
Agregó que “entendemos que hay aspectos de la actual normativa, como el comité de co-manejo, el enfoque ecosistémico, entre otros, que son materias que no parecen ser motivo de cuestionamiento sustantivo y que probablemente puedan ser recogidos en la nueva Ley de Pesca”.
Frente a las empresas
El fundamento que explica que la nueva Ley de Pesca sea el proyecto central del gobierno para esta actividad es el vicio de origen con el que carga la normativa actual.
La postura de Salas es que el sector necesita restablecer la confianza y que no puede seguir bajo la sombra de la regulación vigente, cuya tramitación dejó condenas en contra de Corpesca, por soborno, y del ex senador Jaime Orpis, por fraude al fisco y cohecho.
“El objetivo es que la nueva ley se discuta de manera muy transparente para restablecer la confianza en las reglas del juego que van a normar el sector pesquero”, detalló.
Esta sombra, dijo el subsecretario, hace que tanto el mundo artesanal como el industrial coincidan en la urgencia de avanzar en una nueva ley. Por un lado, los artesanales “sienten que pueden ser recogidas algunas demandas históricas. Y en el caso de la industria, perciben la desconfianza en la norma y por lo tanto en el rol del mundo privado, que es algo en lo que en algún minuto hay que poner coto”.
Para casos de esta índole, desde el Ejecutivo se espera que la ley pueda incluir una estructura sancionatoria. “Uno esperaría que esa parte del cuerpo normativo sea capaz de abordar desde los mega problemas, que en este caso pusieron en amenaza la validez de la norma, hasta los pequeños problemas, como situaciones de pesca ilegal de pequeña escala”, afirma Salas.
No obstante, el subsecretario enfatizó en que el foco del proyecto no está “en lo penal y lo punitivo, sino que es más bien regulatorio (…) hay que también evaluar situaciones preventivas. No sacamos nada con llorar sobre la leche derramada una vez que se producen incumplimientos. Ambas conversaciones deben estar presentes en la futura normativa”.
Por el lado de la industria, Salas es consciente de que también se pueden visualizar amenazas en una nueva ley. Por eso, espera que los diálogos puedan “recoger las esperanzas y expectativas y eventualmente disipar dudas”.
El corazón del proyecto
La autoridad se refirió al aspecto central de la normativa: las cuotas de pesca. Al respecto señaló que “existe la percepción de que hay una distribución del recurso que no es la óptima para los actores y probablemente también sea un elemento que contribuye al descrédito del marco regulatorio existente”.
Salas precisó que “la distribución del recurso tiene múltiples dimensiones y esperamos que la Ley de Pesca sea capaz de abordar cada una de estas dimensiones, desde cuánto se distribuye el recurso para la generación actual, es decir, cuánto extraen los pescadores hoy y cuánto van a poder extraer mañana; cuánto puede extraer el mundo industrial y cuánto puede extraer el mundo artesanal, cuánto se extraen en los diferentes territorios, es decir, cuánto corresponde en el extremo norte del país, en el norte chico, en la zona central. Y eso requiere también una conversación neutral y sobre la equidad en la distribución”.
“Toda esa conversación, que es la conversación distributiva, es el corazón de la discusión de una Ley de Pesca, y es tal vez el elemento en el que se requiere mayor intercambio con los actores para poder generar una norma que sea justa y, al mismo tiempo, aplicable”.
El subsecretario explicó por qué es necesario legislar sobre esta materia: “Queremos avanzar en una nueva Ley de Pesca porque hay que resolver algunos problemas estructurales que tiene la normativa actual. Y uno de ellos es que fue gestada en condiciones de falta de transparencia que no es sólo un problema de forma, sino que pasan a constituir un problema de fondo cuando hay sentencias judiciales que sancionan a un parlamentario por cohecho y a empresas por soborno”.
La agenda colmada
A fines de noviembre parten las reuniones con empresas y gremios pesqueros, las que se extenderán hasta diciembre. Se prevén 12 encuentros con la industria.
Estas conversaciones se están llevando a cabo con todos los actores del sector. Partieron el 21 de septiembre y se extenderán hasta el 31 de diciembre. Por ejemplo, con los pescadores artesanales se han realizado 50 encuentros locales con más de 2 mil participantes en 241 caletas de todo el país.
La idea de la Subsecretaría es que se completen más de 150 instancias de conversaciones con los pesqueros artesanales, antes de enviar el proyecto de ley, en marzo o abril del 2023. También se contemplan encuentros con PYME industriales y plantas de proceso.
Pese a que el gobierno tiene varios proyectos relevantes -como las reformas tributaria y previsional- la Ley de Pesca se enviará al Congreso sí o sí, dice el subsecretario Salas.
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