La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) tomó la decisión de modificar las bases del concurso 5G, al término del análisis del proceso de consulta en septiembre. Estos ajustes se dieron a conocer a la industria este viernes en la noche, y tuvo como resultado la adición de contraprestaciones que consisten en la obligación de instalar internet rural en la banda de 700 MHz, tal y como Entel y Movistar realizaron cuando se adjudicaron espacio en ese espectro, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
"Luego de recibir las consultas de las bases de los concursos públicos, se realizó un extenso análisis el cual nos llevó a tomar la decisión de incluir en el concurso de 700 MHz las denominadas contraprestaciones sociales. Esto, con el fin mantener el equilibrio competitivo y equiparar las condiciones de acceso a esta banda", señaló la subsecretaria Pamela Gidi.
Según explicó, es "necesario" incluir esta condición técnica para cualquier empresa que busque la adjudicación de la banda 700 MHz, pues de esta manera se busca cumplir los objetivos de, por un lado, disminuir los riesgos de judicialización del concurso, como también de avanzar en la conexión nacional.
"Estamos dispuestos a escuchar a la industria y no sólo pensar en que debemos cerrar la brecha digital (...) Siempre está el riesgo a que se judicialice el concurso, es difícil predecirlo, pero es un buen equilibrio porque satisface la conectividad de estas zonas postergadas, sobre todo ahora que estamos en pandemia. Es bueno aprovechar la oportunidad de poner esta obligación cuando se licita un bien de uso público", precisó Gidi.
En este sentido, fue justamente este tema el que hizo inclinar la balanza de Subtel a favor de las contraprestaciones, porque se trata de un método más expedito para lograr el objetivo de acortarlo, versus las otras fórmulas del gobierno, reconoció. Esto significa que la próxima empresa que compita por la macrobanda de baja frecuencia estará obligada a conectar 366 localidades a lo largo de Chile, todas con tecnología 4G de máxima velocidad y calidad, acotó Gidi.
La autoridad explicó que para definir las zonas rurales se basaron en el trabajo que se hizo con la mesa de conectividad de Compromiso País, liderada por Cecilia Morel. En esta instancia, se oficializó el proceso en las 346 comunas de Chile, con un foco especial en aquellas municipalidades que no habían sido beneficiadas en los concursos de 700 MHz y 2.600 MHz.
"Trabajamos con intendentes, seremis, municipalidades y parlamentarios para levantar las necesidades de cada comuna y más del 90% de los alcaldes participaron dando a conocer sus necesidades de conectividad. Eso nos dio un escenario mejor para definir dónde poner las contraprestaciones", indicó la autoridad.
Disputa por banda 3,5 GHz
Uno los temas centrales que resta por definir será la situación de Entel y Claro con respecto a la banda 3,5 GHz, la frecuencia más codiciada para el próximo despliegue 5G y que actualmente no puede ser usada con este fin.
Movistar abrió una consulta en 2019 para poner en discusión la ventaja competitiva de ambas empresas, donde sostuvo que tanto la mexicana como la empresa ligada a las familias Hurtado y Matte, tienen beneficios que les permitirá acaparar el mercado, provocando una brecha que sería "irremontable". Hoy, Subtel está a la espera de lo que dicte la Corte Suprema para tomar acción sobre la situación.
Por ello, la subsecretaria expresó que su cartera decidió ir "paso a paso", y sólo disponer de lo que está en sus manos, de modo de no provocar una judicialización del concurso.
"Nosotros decidimos que sólo se podrá utilizar lo que está en manos del Estado para desplegar 5G, el cual será parte de una primera etapa. Y después, estamos trabajando con la industria para que ellos hagan un reordenamiento voluntario de su espectro para evaluar en qué momento es oportuno y adecuado poder permitir a las empresas prestar servicios de quinta generación en las concesiones que ya tiene", sostuvo Gidi.
Norma técnica por velocidades de internet
en Contraloría tras impugnación de Atelmo
La Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo), gremio que reúne a la industria, ha ido en dos oportunidades ante Contraloría por normas relacionadas a las velocidades mínimas de internet impulsadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
La primera acción se produjo a raíz de las bases del reglamento de la ley, pero la instancia fue rechaza por el ente fiscalizador y finalmente hubo una toma de razón del proceso. En la segunda ocasión se fue contra la norma técnica, que establecía un mínimo de en 25 megas para catalogar la banda ancha, o sea 100 veces superior a lo solicitado por la industria. Atelmo impugnó y la Contraloría decidió acoger la solicitud y abrir una investigación.
"Estamos ahora en el proceso de entregar información la entidad para que dirima sobre el documento y decida si es legal o no, de modo de poder aplicarlo a la industria y que sea efectivo el reglamento de velocidad mínima garantizada", señaló la subsecretaria, Pamela Gidi.
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