La resolución de la discrepancia en torno a montos adeudados entre la Concesionaria Ruta del Limarí -encabezada por Sacyr Chile- y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ocupa por estos días al Panel Técnico de Concesiones. Y es que el desacuerdo entre las partes respecto de las obras de mejoramiento y conservación de la Ruta 43, en la Región de Coquimbo, implica una millonaria suma que, de no ser restituida, enriquecería a Sacyr en perjuicio del Fisco, según acusa ante el organismo la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), dirigida por Marcela Hernández.
De acuerdo al documento presentado por la DGC, la divergencia técnica y económica entre ambas partes tiene motivo en la eliminación de la obligación de ejecutar la modificación "Ancho de Calzada en el Tramo 3 de la ruta", en el sector Pan de Azúcar, lo cual según la cartera derivó "en una serie de ahorros para la concesionaria a nivel de inversiones no ejecutadas, mantención, conservación, operación, explotación y seguros", y que generó un saldo en favor del MOP por cerca de UF 416.280 (unos US$ 15,7 millones).
Sin embargo, desde la DGC explican que si bien la empresa ha reconocido la existencia de estos ahorros, las partes no han logrado un acuerdo respecto del dinero total, y esto ha impedido que "se cumpla lo pactado en cuanto a su reinversión o restitución", según indica el texto.
Modificación de obras
La obra fue adjudicada a Sacyr Concesiones en marzo de 2013, y cinco años más tarde el MOP eliminó tres obras originalmente previstas, e incorporó dos construcciones adicionales, entre las que figura la Modificación Ancho de Calzada en Ruta 43, Tramo 3, sector Pan de Azúcar, valorizada en ese entonces en UF 239.203.
Pero algunos meses después la cartera de Obras Públicas realizó una segunda modificación al contrato, y decidió eliminar dicha construcción porque de lo contrario, la concesionaria comenzaría a construir las obras y éstas se verían afectadas por el sistema de alcantarillado, generando sobrecostos al Fisco, según explicó la DGC. Así, la medida generó un ahorro para la concesionaria, y por otra parte, un saldo a favor del MOP. Pero este intento para modificar el contrato falló debido a que la Contraloría General de la República no tomó razón del Decreto Supremo MOP.
Y quedó pendiente el acto administrativo que determinaría el monto a reinvertir.
En este contexto, es que en enero de 2019, el Inspector Fiscal informó que el valor de cierta parte de las obras que efectivamente alcanzaron a ser ejecutadas ascendía a UF 77.829, de manera que si a este monto se resta el valor total de la obra, se obtiene un saldo favorable al Fisco de UF 161.373. Y además señaló que, según lo constatado, existían inconsistencias, ya que la concesionaria no había ejecutado ciertas obras en circunstancias que debía hacerlo), lo que propició un aumento del ahorro por inversión no ejecutada en UF 15.362 adicionales a las UF 161.373 ya calculadas.
Pero Sacyr no se quedó de brazos cruzados, y en enero de 2021 envió a la Inspección Fiscal tres copias de los planos de las obras "supuestamente ejecutadas en el Tramo 3 del contrato de concesión", según explica la DGC. Y pese a los antecedentes presentados, la entidad fiscalizadora reafirmó las observaciones detectadas anteriormente. Pero el problema surgió cuando la concesionaria, tras presentar los planos para la firma y timbre del MOP, se percató que el ministerio los devolvió "con alcances presupuestarios".
Divergencias en el monto ahorrado
Durante el año pasado ambas partes intentaron, sin éxito, determinar el valor definitivo del saldo favorable al MOP. Y una vez agotado el intento por acordar el monto, la cartera que encabeza Alfredo Moreno emitió un decreto supremo que concluyó la modificación de contrato; y además recurrió al sistema de solución de controversias del contrato para determinar el valor a restituir.
El decreto, actualmente en trámite, señala que conforme al análisis del MOP el saldo disponible a su favor asciende a un total de UF 416.280 (cerca de US$15,7 millones), como resultado de las inversiones y conservaciones no ejecutadas (UF 179.518), además de los gastos en mantención, operación y explotación no ejecutados (UF 236.761).
Lo anterior se debe según explica la DGC en el documento, a que en los contratos de concesión de obra pública, y a diferencia de lo que ocurre en otros acuerdos, el concesionario se obliga a construir una infraestructura y luego, a explotarla durante la vigencia de este. En consecuencia, cuando se elimina la obligación de ejecutar una obra originalmente prevista, la empresa no sólo se ahorra el costo asociado a esta, sino también los costos de mantención que habría debido soportar si la construcción se hubiese desarrollado.
Y es en este escenario que la Dirección General de Concesiones señala que si la concesionaria Ruta del Limarí "no reconoce los montos ahorrados y la metodología utilizada, estará conservando una cantidad de dinero sin que exista contraprestación alguna a cambio". En este sentido, "tanto el Fisco a través del subsidio, como los usuarios a través del pago de tarifas, estarán entregando dineros a la Concesionaria y ésta los estaría reteniendo sin ninguna causa que lo justifique, empobreciéndose correlativamente sin obtener beneficio alguno", añade.
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