La Contraloría General, liderada por Jorge Bermúdez, refutó punto por punto las acusaciones de un grupo de inmobiliarias que buscan levantar nuevas torres de viviendas en Estación Central.
"Un acto administrativo ilegal no puede generar un derecho adquirido para el solicitante, máxime si se trata de un acto de autorización que tal funcionario puede otorgar sólo si aquel se conforma con la normativa urbanística", dijo el órgano contralor en un informe enviado a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esto luego que un grupo de inmobiliarias –que manejan en conjunto 10 proyectos- presentaran recursos de protección en contra de un dictamen de la Contraloría del pasado 12 de noviembre, en que se ordenó a la Municipalidad de Estación Central invalidar los permisos de edificación de alrededor de 50 proyectos aprobados con edificación continua, es decir, torres adyacentes que coinciden en fachada.
La "edificación continua se debe considerar que esté fijada la altura máxima del plan regulador", dijo en su dictamen el ente fiscalizador. Estación Central, y ahí nacería la controversia, carece de ese documento normativo.
La resolución generó un fuerte impacto entre las inmobiliarias; incluso se ha planteado la quiebra de algunas como efecto del dictamen. En medio de esto, las compañías Fortaleza, Inmobilia y Eurocorp, entre otras, recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago.
En concreto, solicitaron paralizar todos los efectos, directos o indirectos, que provoque el dictamen impugnado, y que se disponga en particular que la Dirección de Obras Municipales de Estación Central no dé inicio a ningún procedimiento invalidatorio, o bien que suspenda la tramitación de los que ya hubiere iniciado.
Para las inmobiliarias afectadas, la resolución del ente contralor es una "vulneración de garantías fundamentales" y una afectación al "derecho a desarrollar una actividad económica lícita".
Una visión completamente opuesta a la que tiene la Contraloría, a la que la corte le solicitó un informe y "todos los antecedentes que existan en su poder" sobre el asunto que motivó los recursos presentados por los privados.
"Los recurrentes al no cumplir con los requisitos legales para obtener los anteproyectos y los posteriores permisos de edificación, nunca tuvieron derecho a estos, por lo que no se aprecia de qué forma el dictamen impugnado, pudo privar, perturbar o amenazar el derecho de propiedad sobre derechos inexistentes", dijo el organismo liderado por Bermúdez, que pidió desestimar los recursos de protección.
Añadió que "no se advierte" cómo su pronunciamiento afectaría al derecho de propiedad de los recurrentes, si se considera que el dictamen impugnado es el resultado del ejercicio de funciones propias de esa sede de control.
"Una interpretación en contrario, implicaría limitar las facultades de esta Contraloría General para revisar las actuaciones de las Direcciones de Obras Municipales, bajo el argumento de que un determinado permiso se habría incorporado en el patrimonio de un interesado y que se constituiría en un derecho patrimonial, lo que no resulta plausible", señaló.
Frente al cuestionamiento de las inmobiliarias a que la resolución vulnera el principio de confianza legítima, la Contraloría dijo que "pretender que en razón de la buena fe" no podría ejercer sus facultades dictaminadoras para pronunciarse respecto de la legalidad de la actuación de la administración, "implicaría una contravención a la normativa constitucional y legal".
Además, dijo que la situación que se vive en la comuna no solo debe ser mirada desde la perspectiva de las inmobiliarias afectadas por la decisión de la autoridad administrativa en orden a otorgar o no un determinado permiso, sino que además desde la óptica de los derechos de los vecinos y del interés general de los habitantes de Estación Central, lo que ha sido reconocido –sostuvo- por la Corte Suprema.
Por último, la Contraloría señaló que en el caso de que se efectúe un eventual procedimiento invalidatorio por parte de la DOM -órgano que tiene atribuida dicha potestad, dijo-, con el objeto de cautelar el debido proceso, la ley prevé que este se efectúe con audiencia del interesado, instancia en la que los recurrentes podrían aportar antecedentes o realizar las alegaciones que estimen pertinentes.
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