A poco más de 20 días de presentado el proyecto que crea una empresa pública para establecer el Fondo de Infraestructura, su funcionamiento comienza a clarificarse. En especial el corazón de la idea, que está relacionado con cómo se relacionará con las iniciativas de obra pública que concesione.
“¿Cuál será la gran diferencia con el sistema de Concesiones? Esta es una oportunidad para adelantar recursos, gatillar inversión y movilizar recursos entre proyecto, cosa que hoy el Ministerio de Obras Públicas no puede hacer, porque de partida no puede emitir un bono directamente”, explicó ayer el coordinador de Concesiones, Eduardo Abedrapo, en un seminario del estudio de abogados Guerrero Olivos.
Dentro de las formas que se podrá adelantar estos recursos, además de la emisión de bonos, será entregando garantías a proyectos complejos que, por ejemplo, tengan riesgo geológico, o incluso para facilitar que inversionistas institucionales puedan entrar en la etapa de construcción y no esperar la fase de explotación.
Esto último podría provocar un cambio importante en la industria, porque actualmente los institucionales -como fondos de inversión, nacionales o internacionales- suelen ingresar a concesiones que están en etapa de explotación, que tiene riesgos y retornos más bajos.
“Por entrar en una segunda etapa, hay un descuento y eso podría ser aprovechado por actores institucionales”, dijo Abedrapo. Tras el seminario agregó que “si para que entren institucionales se aprecia la necesidad de que el Fondo entregue una garantía que le facilite entrar en una etapa de construcción, eso podría ser positivo”, dijo.
Así, explicó, se facilitaría el acceso a financiamiento, que es uno de los objetivos de la creación de esta empresa. Abedrapo agregó que la nueva empresa podrá participar de los proyectos de distinta manera, como hacer préstamos o entrar con aportes de capital.
“El fondo tiene un objeto social amplio para efectos de administrar y desarrollar infraestructura. Puede otorgar créditos, participar con equity, pero lo principal es que en todo caso no administrará directamente los activos, sino que a través de terceros privados”, dijo.
La idea es que el Fondo de Infraestructura quede con una amplitud de formas para operar, por lo que la manera en que apoya a los proyectos -ya sea garantizando riesgo o aportando capital de alguna forma- se vaya determinando dependiendo de cómo esté el mercado.
El representante del gobierno fue enfático en descartar que vaya a sustituir el rol privado. “No podrá gestionar directamente ninguno de sus activos. No estamos creando una empresa pública que vaya a competir en el mercado”, recalcó al momento de explicar que la idea no es desplazar la inversión privada, ni a la industria financiera, ni de garantías, sino complementarla.
El coordinador de Concesiones dijo que aún no está definido qué concesiones formarán los activos de la empresa, de los 38 contratos que existen actualmente.
¿Cómo se relacionará con los proyectos de concesiones? Abedrapo dijo que el plan quinquenal que haga la empresa debe ser visado por el MOP y Hacienda, por lo que “no me cabe duda que será coherente con el plan general de infraestructura en Chile. Podría tomar algunos proyectos (de la cartera de Concesiones)”.
Copsa estudiará proyecto
Juan Eduardo Saldivia, presidente de Copsa, abordó también ayer el proyecto de ley que crea el Fondo de Infraestructura. “Estamos construyendo una agenda de trabajo para estudiar más en detalle la propuesta y hacerles nuestras observaciones con miras a sacar el mejor fondo posible”, dijo respecto a las conversaciones que han tenido con el MOP y que los tienen a la espera de cerrar una agenda de trabajo.
Sacyr reitera interés por puente Chacao
La española Sacyr mantiene el interés por entrar a la sociedad que construye las obras del Puente Chacao que se levanta en la X Región, sustituyendo a la cuestionada brasileña OAS.
"Conocemos la obra porque en su momento pujamos para su construcción", dijo la compañía que ya entró en conversaciones con las autoridades locales, informó Expansión.
El interés de Sacyr se enmarca en la arremetida de las empresas españolas en la región, que se están lanzando por los activos de sus rivales en crisis, específicamente las brasileñas OAS y Odebrecht. En el Puente del Chacao, la otra sociedad participante, la coreana Hyundai, también estaría interesada en quedarse con la participación de OAS, por lo que no es seguro que se incorpore un socio.
"Ley debe ser flexible, no tiene sentido crear un nuevo ministerio"
El socio de Guerrero Olivos y ex subsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez, valora el anuncio pero dice que aún hay que despejar dudas. "Para aumentar la inversión en infraestructura falta agilizar la gestión de proyectos. El MOP está con una demora mayor de lo necesario y, para eso, el Fondo de Infraestructura puede ser la solución", dice.
-¿Esto, porque será una empresa más operativa?
-Claro, porque una empresa con un gobierno corporativo independiente va a permitir una gestión más ágil de proyectos. Hay un gran aporte, no tanto por la vía de mayores recursos, sino por gestión.
-Pero no está claro que esta empresa permita mayor agilidad...
-Es clave que el Fondo tenga un buen equipo, porque siento que el MOP se ha debilitado un poco en sus equipos de proyectos. El Fondo debe ser como el Metro, una empresa que funciona con agilidad para cumplir fines públicos.
-Pero no hay garantía que eso vaya a suceder...
-No hay garantías, es posible que haya choques institucionales entre Concesiones y esta empresa, lo que si ocurriera, estaríamos peor que antes, por lo que serán importantes las decisiones que se tomen para delimitar qué hace cada uno. Las empresas funcionan cuando tienen claro su objetivo y están separadas del rol gubernamental.
-¿Cómo se ve el trámite parlamentario?
-No lo veo tan complejo, es una buena iniciativa, por lo que es importante que la ley quede simple. Estas leyes funcionan cuando son concisas y dan flexibilidad al Estado y al directorio para implementarla. No tiene sentido crear un segundo ministerio. Una definición relevante es que debería depender del Sistema de Empresas Pública, para separar el rol del Estado empresario del que gobierna.
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