El país contará con una nueva empresa estatal. Eso ocurrirá si se concreta una de las ideas que toma fuerza para llevar a la práctica el fondo de infraestructura anunciado por el Ejecutivo hace meses y que, pese a los plazos comprometidos, todavía no existen definiciones.
La idea de que la “infraestructura financie a la infraestructura” fue alabada por el sector privado como ingrediente para reactivar la economía, aunque el trabajo entre los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Hacienda no ha alcanzado consenso y, por ello, no se pudo contar con el borrador del proyectos antes del 30 de septiembre.
La propuesta del fondo estableció que los activos que lo conformaran serían los del Estado en las concesiones, puesto a valor presente, provenientes del valor residual del activo físico al terminar una concesión y, por otro, los flujos futuros de la obra.
Aunque en primera instancia se habló de establecer una estructura de banco de segundo piso, con una administración al estilo del Banco Central, conocedores de las reuniones entre MOP y Hacienda comentan que la creación de una empresa está casi definida. Esto tranquilizaría a la cartera dirigida por Rodrigo Valdés para que la eventual deuda que tuviera esta entidad no impacte las cuentas fiscales.
Asimismo, también se aseguraría que el dinero de los activos no forme parte del presupuesto general de la nación y, así, no corra el peligro de terminar financiando fines distintos a la infraestructura.
Las fuentes comentan que este mecanismo fue bien recibido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que esta fórmula no impactaría en el balance de las cuentas públicas.
Otros conocedores señalan que, aunque el monto todavía no está definido, el patrimonio de la empresa que se crearía rondaría los
US$ 9.000 millones, dado que no serían todas las obras las que el Estado le traspasaría a esta compañía.
Esto sería una disminución respecto a los primeros cálculos que cifraban el valor actual de los activos entre US$ 20.000 millones a US$ 30.000 millones. Incluso algunos más optimistas lo habían elevado hasta
US$ 37.000 millones. Eso sí, contando todas las obras.
Cercanos al sector construcción señalan que la idea de los equipos de profesionales de ambos ministerios es terminar el borrador del mecanismo que administre el fondo antes del 31 de diciembre, aunque asumen que es un tema complejo “y más que hacerlo rápido, es importante que se haga bien”.
Si finalmente se confirma la creación de una empresa, el gobierno tendrá que enviar un proyecto de ley que cree esta nueva compañía, pero requerirá de quórum calificado. Es decir 3/5 de los parlamentarios.
Consultados por esta información, desde el Ministerio de Haciendo declinaron hacer comentarios, mientras que desde el MOP no se obtuvo respuesta.
Usos del fondo
La creación de un fondo de infraestructura fue bien recibida por los privados porque permitiría financiar infraestructura productiva.
En esa línea, los focos principales de este proyecto serán las carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, aunque personeros de gobierno tampoco han descartado de que también se pudiera incluir a otras obras concesionadas, como hospitales y cárceles.
Propuesta inicial
La creación de un fondo que financie infraestructura no es algo nuevo en el mundo y, de hecho, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) fue uno de los impulsores de que se replicara un modelo similar en el país.
Eso sí, de optar el Ejecutivo por la constitución de una empresa estatal, el modelo sería distinto a la propuesta inicial: un fondo público, pero que está fuera del presupuesto ministerial, especializado, que opera como banca de segundo piso, con un balance propio y que financia los proyectos. Ese fue el mecanismo planteado por el CPI, según uno de sus consejeros y economista, Álvaro González, basado en la experiencia internacional.
González cree que el instrumento no se debería considerar en una glosa del presupuesto porque la experiencia muestra que, por ejemplo, en 1999 el MOP y Hacienda crearon un fondo en el que “se ingresaron los dineros de los bienes y derechos pagados por las concesiones de Ruta 5 y urbanas por más de US$ 420 millones, pero que fue un fondo intrapresupuestario. El dinero fue repartido en las partidas del MOP y no se generó una gobernanza para asegurar el financiamiento de los proyectos siguientes”.
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