No es habitual que en un proceso de licitación del Ministerio de Obras Públicas (MOP) se realicen presentaciones públicas o road show.
Sin embargo, la relicitación del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB) ha concitado el interés suficiente para que ayer la autoridad realizara un evento de este tipo en Santiago.
Al encuentro asistieron no sólo representantes de las 20 empresas que están precalificadas para participar -ya sea en forma individual o en consorcio-, y aquellas que han comprado bases, sino que también bancos que han mostrado interés en el proyecto, que es el principal de la cartera de concesiones del gobierno y requiere una inversión estimada de US$ 700 millones.
Martín Urrutia, jefe de proyecto del MOP para la licitación de AMB, la cual se espera adjudicar el primer trimestre de 2015, comentó que están trabajando con los organismos antimonopolio para poder incluir en los próximos días, mediante una circular aclaratoria nuevas modificaciones a las bases del concurso, que entre otras materias apuntan a impulsar la competencia en servicios asociados a la operación del terminal y que se sumarían a aquellas que el organismo ya introdujo en la Contraloría.
“Teóricamente hay una infraestructura que tiene poca competencia, pero la sobreregulación podría matar el modelo de negocios”, advierten en una de las empresas precalificadas.
Antonino Castellucci, subdirector de explotación del Grupo ACS, en tanto, dijo no ver inconvenientes en los cambios que apuntan a la competencia. “Son las facultades que tiene el MOP, luego nosotros tendremos que evaluar si tiene mayor o menor riesgo ponerlo en el negocio”. Agregó que la posibilidad de que el MOP incluya requerimientos adicionales en los ingresos comerciales accesorios es lo que realmente los tiene expectantes.
En la anunciada circular aclaratoria incluiría temas relativos a auditoría de ingresos y mayores especificaciones en niveles de servicio. En el MOP dijeron que eventualmente en un tercer envío a la Contraloría, donde las bases están en trámite, podrían incluir especificaciones sobre inclusión de transporte público al aeropuerto, mediante el Transantiago.
Ampliación anticipada
En otra de las firmas precalificadas criticaron el hecho de que la licitación considere la obligación para el adjudicatario de asumir el costo total de una nueva expansión del aeropuerto si tras los primeros 15 años de la concesión (de un total de 20) , la demanda sobrepasa la capacidad del recinto. Este mecanismo se denomina “gatillo de inversión”.
“Este esquema de compartición fija de los ingresos al Estado es complicado, porque es difícil pensar que el adjudicatario vaya a invertir para aumentar la oferta, porque se obligaría a construir nueva capacidad y servicios. El margen de la adjudicataria podría ser negativo, porque tendría el 40% de los ingresos y debería cubrir el 100% de los costos y gastos”, indica la fuente.
El gobierno defendió su fórmula y precisó que se aplicaría una sola vez. “El sistema gatillador le permite al Estado determinar la ampliación según el crecimiento de la demanda”, dijo el coordinador de Concesiones del MOP, Eric Martin.
Detalló que en caso de darse lo anterior será el adjudicatario el responsable de financiar esa mayor inversión “tendrá que analizar cómo levanta el financiamiento para ver cómo va a concurrir y resolver el tema”. Sin embargo, aclaró que existen varias alternativas para cubrir ese gasto. “Por ejemplo, una es que el Estado deje de percibir parte del ingreso que le entrega el concesionario y lo destine al pago de esta infraestructura”, sostuvo Martin.
La visión de Castellucci es que el gatillo de inversión “es una solución inteligente”, y agregó que “de nada sirve hacer un aeropuerto muy grande si es que hubiera un ciclo económico que no lo justifique. Crecer conforme se tenga demanda, me parece una buena decisión”.
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