La vigésima COP (Conferencia Internacional de Cambio Climático o Conferencia de las Partes) de Lima coqueteó con el fracaso por generar un documento de consenso. Su versión final representa un cambio estructural en la historia de negociaciones del cambio climático, y un triunfo sin ambigüedades para el mundo desarrollado.
Cuando se firmó el Protocolo de Kyoto, se reconocía la responsabilidad de las economías más avanzadas en el origen del problema. El Acuerdo de Lima rompe tal línea argumental y pasa de la lógica de "responsabilidades comunes pero diferenciadas", a una donde todas las naciones deben enfrentar compromisos de reducción de emisiones.
En segundo lugar, hasta la COP de Varsovia se mantuvo una línea de negociaciones vinculada a "climate finance", donde los países desarrollados comprometían recursos significativos para que el Tercer Mundo enfrentara los desafíos de la mitigación y adaptación climática. La expectativa era consolidar una línea de financiamiento de US$ 100 billones anuales al año 2020. En Lima, por el contrario, no se formalizaron obligaciones vinculantes (lo que explica por qué las contribuciones al Green Fund sólo hayan completado un 10% de los recursos esperados).
En tercer lugar, queda de manifiesto la intencionalidad del Primer Mundo de evitar compromisos de reducción de emisiones que no sean transparentes, verificables y cuantificables. China podrá haber logrado que no se viole el principio de soberanía de cada país, pero es claro que se avanza a jugar con las reglas del juego que definen quienes poseen mayor capacidad técnica y financiera.
Si hace menos de un mes Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo histórico de reducción de emisiones de CO2, ¿por qué ello no facilitó las negociaciones? Básicamente porque ambos países saben que lo que se juega es la forma en cómo se favorece su propia competitividad. Ellos bajarán emisiones como reflejo de su productividad, y contribuirán con financiamiento a países en desarrollo sólo en la medida que ello favorezca la masificación de sus tecnologías, el fortalecimiento de sus capacidades técnicas o la apertura de nuevos mercados para sus empresas.
Que Chile represente sólo el 0,2% de las emisiones globales es irrelevante. El problema actual de nuestro país es su ineficiencia: generamos alta huella de carbono por cada unidad de PIB producido. El problema futuro es que mientras EEUU, China y otros mejoran en términos relativos, Chile empeora (ver tabla adjunta).
Es en estos momentos de las negociaciones donde la articulación público-privada debe fortalecerse y aprovechando la credibilidad institucional del país debemos apostar a innovar en la forma en cómo se avanza a una economía baja en carbono; en cómo definir nuevos instrumentos de "compliance" que representen una oportunidad para Chile, y en cómo potenciamos las capacidades existentes para transformar a éste en un nuevo cluster de exportación.
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