Se lanzó hace pocos meses la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, se reinstauró la política de cluster y se crearon nuevos programas para insertar la innovación en pequeñas y medianas empresas. Mientras que en el gobierno de Sebastián Piñera se impulsó el año de la innovación, se creó la Agenda de Impulso Competitivo y hasta una Comisión Asesora Presidencial de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Todas, medidas insuficientes y que dejan en evidencia que el país no ha sido capaz de lograr consensos mínimos para generar políticas públicas robustas y de largo plazo para promover la innovación y el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D).
Así lo señalan Roberto Álvarez, director, y Claudio Bravo, académico, ambos del departamento de Economía de la Universidad de Chile, y líderes del centro de investigación Núcleo Milenio Intelis, perteneciente a la Iniciativa Científica Milenio (ICM) y apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde esa vereda, desde 2012 que el grupo, que cuenta con seis investigadores senior, ha realizado más de 15 publicaciones que han buscando medir el aporte de la innovación en Chile. Integraban también el núcleo, José Miguel Benavente, que hoy lidera la división de Innovación del BID, y Andrés Zahler, jefe de la división de Innovación del ministerio de Economía.
“El gasto en I+D ha permanecido constante. Es un tema sorprendente y abre interrogantes respecto al tipo de políticas públicas que se han estado haciendo, porque a pesar de que todos los gobiernos han implementado medidas, el gasto en I+D se mantiene”, señala Álvarez.
Hay responsabilidad política en esto, explica Bravo, ya que “han existido inconsistencias en las políticas públicas entre el gobierno de Michele Bachelet y Sebastián Piñera. ”Bachelet trató de dar un rol importante al Consejo de Innovación y Piñera lo relegó a absolutamente nada. Y se desarmaron instrumentos de fomento como los cluster”, ejemplifica.
Para Álvarez, esto demuestra que hay un desconocimiento respecto a cómo implementarlas.“Faltan estudios y análisis en profundidad, más allá del discurso político. No sabemos muy bien si las empresas tienen el conocimiento para tomar los nuevos instrumentos. La última encuesta longitudinal de empresas demostró que en las micro firmas, sólo poco más del 20% conoce algún instrumento de fomento productivo y menos del 30% en el caso de las pequeñas”, explica.
Acota que esto deja en evidencia la falta de discusión respecto a cuál es la política que se está llevando a cabo. “Siento que se ha discutido en el grupo de asesores del ministro y unos cuantos más y no con personas que puedan hacer un aporte más valioso. Estamos replicando lo mismo que se ha hecho en los últimos 20 años, de lanzar una agenda, pero sin preocuparnos de elementos que vienen por parte de la demanda (empresas)”, asevera Álvarez.
La clave para Bravo, en tanto, es involucrar al ecosistema (científicos, empresarios, sector público y académicos) en la discusión.“Que se desarrolle una propuesta para generar una visión de política pública de innovación sostenible en el tiempo, con ciertos consensos mínimos, para que no signifique que un cambio de gobierno vaya a desarmar los instrumentos, lo que es un retroceso”, señala.
Cluster: sobredimensionado
Hoy el gobierno está centrado en la política de selectividad o cluster. Para que ello funcione, es necesario enfocarlo a mercados internacionales y contar con evaluaciones. “El impacto de los cluster en las actuales autoridades está muy sobredimensionado. El anterior gobierno los subdimensionó. La evidencia no es concluyente, pero hay que tener claro sus objetivos, qué se va a hacer, cómo se va a evaluar y lo que viene después. Eso me parece más razonable que sobredimensionar y decir que el futuro de la competitividad o productividad de Chile pasa, porque tengamos una política de cluster”, comenta.
Mas bien, el foco debe orientarse a promover buenos proyectos hacia mercados internacionales, como lo hizo la industria del vino en su minuto y hoy está posicionada a nivel mundial. Bravo ejemplifica que se podría replicar el programa de Proveedores de Clase Mundial de la Minería. “Tiene impacto productivo importante, con proyectos con valor presente neto sobre los US$ 150 millones de ganancia productiva”, dice.
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