Karen Ríos R.
El proyecto que flexibiliza la Ley 20.241 que incentiva la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D), ampliando el alcance de sus beneficios tributarios, ya terminó su período de diseño y está ad portas de ser firmado por el presidente Sebastián Piñera en los próximos días para luego ingresar al Congreso, antes de que finalice el período legislativo. Uno de los objetivos perseguidos es que los privados representen más del 60% de la inversión total en I+D que se hace a nivel país (hoy alcanzan el 44%).
Entre las principales modificaciones que incluye la propuesta, en la que participó el Ministerio de Economía e InnovaChile de Corfo -entre otros organismos-, destaca la extensión del beneficio tributario a los gastos que una empresa hace en proyectos de I+D ejecutados al interior de sus dependencias, es decir, sin la alianza con una entidad externa acreditada por InnovaChile, que es lo que exige el actual cuerpo legal.
Podrán certificarse también contratos de I+D entre compañías relacionadas o vinculadas, como por ejemplo, entre una matriz y una de sus filiales o una empresa con un consorcio tecnológico en el que tiene participación por aportar capital, explica Jorge Sahd, coordinador de institucionalidad y regulación de la División de Innovación del Ministerio de Economía.
El proyecto permite, incluso, que las empresas puedan subcontratar la I+D a terceros para que estos realicen hasta el 100% del proyecto, siempre y cuando el 50% del gasto en el que incurra sea ejecutado o desarrollado en Chile.
M
ás crédito
Otro de los cambios sustanciales tiene relación con el tope de crédito tributario al que cada empresa tiene acceso por año, pasando de las 5.000 UTM actuales a 15.000 UTM. Además, se propone la eliminación del porcentaje mínimo de ingresos brutos anuales (15%) que deben cumplir las compañías que desean usar este incentivo.
Este tope perjudica a las pymes y emprendedores que en sus etapas tempranas tienen pérdidas sin registrar ingreso alguno, por lo que era un contrasentido incentivarlas a innovar y al mismo tiempo ponerles un límite como ese, destaca Sahd.
Otra de las modificaciones es que se baja de 35% a 30% el beneficio tributario directo y así se puede deducir como gasto necesario para producir renta el 70% del monto invertido en los proyectos de I+D. En este porcentaje se consideran tanto las inversiones que derivan de la investigación y desarrollo, como las de infraestructura, máquinas e incluso los recursos destinados a la protección de la propiedad industrial desarrollada. Así, esta nueva propuesta da a las empresas un 42% de beneficio tributario real, respecto al costo total del proyecto, añade Sahd.
P
roblemas burocráticos
Entre los años 2008 y 2010, sólo 33 contratos han sido certificados bajo la actual Ley, número que se espera multiplicar rápidamente con la nueva propuesta. Sin embargo, en este punto es en donde hay que poner atención, especialmente en el mecanismo que implementará InnovaChile para pasar de certificar y fiscalizar un par de contratos, a centenares o miles en un mes, advierte Orlando Jiménez, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Central.
Jiménez critica, además, que se terminaría con el incentivo real que hoy existe para fomentar el vínculo empresa-universidad, al permitir a las compañías invertir en I+D sin la colaboración de centros acreditados. Si no fomentamos esta unión corremos el riesgo de quedarnos en innovaciones muy superficiales al no utilizar el equipamiento técnico y capital humano de alto nivel que tienen estas casas de estudios o centros de investigación.
Aún así, destaca que la propuesta sincera que la mayor parte del gasto de las empresas en I+D lo ejecutan sin participación de terceros y sin subsidios, por lo que este nuevo incentivo podría fomentar que las que ya invierten en estos proyectos lo hagan más, y las que no, comiencen a hacerlo, afirma.
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