En un nuevo giro de los acontecimientos, Andes Iron cambió su estrategia judicial y apostó a que su proyecto minero-portuario Dominga sea ratificado por la vía administrativa, contando como aliadas a cuatro organizaciones sociales de La Higuera, el municipio en la Región de Coquimbo donde se emplaza la inversión.
En los primeros dos días de junio de este año, cuatro entidades de la comuna, presentaron solicitudes de invalidación ante el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Se trata del Comité de Agua Potable Rural de Caleta Los Hornos; la Asociación Federativa de Pescadores Artesanales del Borde Costero de La Higuera; la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Chile y el Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile, quienes pidieron anular la resolución del Comité de Ministros del 14 de enero de 2025 -presidido por la entonces ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas- que rechazó el proyecto minero-portuario Dominga, en contra de lo que pocas semanas antes había definido el Tribunal Ambiental, que sí dio el vamos a esta inversión.
En simple, las entidades comunitarias piden que se concrete la iniciativa minero-portuaria, que supone una inversión de más de US$ 3.000 millones.
Estas peticiones fueron admitidas a trámite en el SEA, ahora dirigido por Arturo Farías, el pasado 16 de septiembre. Según fuentes del proceso, corresponde que el Comité de Ministros, ahora presidido por Francisca Toledo como titular de Medio Ambiente y decididamente pro-inversión, zanje de una vez por todas la iniciativa, que lleva 13 años en trámites administrativos y judiciales. Como lo señaló un abogado que participó en alguna de las innumerables etapas de la causa, “que se acabe el loop judicial en que está ahora el proyecto Dominga”.
Eso explica que Andes Iron, titular de la iniciativa, haya desistido de sus recursos ante la Corte Suprema, una noticia que fue celebrada por los detractores del proyecto.
“Frente a la presentación, por parte de organizaciones sociales, de diversas solicitudes de invalidación en contra de la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025 que abiertamente contravino lo decidido por el Primer Tribunal Ambiental, y a objeto de no obstaculizar su avance, Andes Iron ha decidido desistirse de los recursos de casación y de queja que había interpuesto en miras a lograr una adecuada ejecución de dicha sentencia”, dijo la compañía.
La dueña de Dominga, ligada a la familia Délano Fuentes, hizo ver que la última sentencia judicial que hay al respecto “validó categóricamente la evaluación ambiental del proyecto y su posterior calificación favorable”.
“En las actuales circunstancias, Andes Iron estimo como prioritario que se rectifique una actuación administrativa que se realizó en desacato, por lo que ha adoptado esta decisión en respeto y deferencia a las organizaciones sociales que legítimamente se encuentran procurando progreso y desarrollo para la Región de Coquimbo”, indicó la empresa.
Cabe señalar que Andes Iron inició el pasado 10 de agosto las obras de construcción de la iniciativa que considera una producción anual de 12 millones de concentrado de hierro de alta ley y 150.000 toneladas de cobre.
Distintas versiones
El desestimiento de los recursos ante la Corte Suprema de parte de Andes Iron fueron interpretados de manera radicalmente opuesta por distintos actores. Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, una opositora al proyecto, interpreta que “la decisión de Andes Iron es un reconocimiento claro de que el proyecto minero portuario Dominga está rechazado, y de que sus posibilidades de revertir judicialmente esa decisión eran cada vez más estrecha”.
Pero advierte que hay una ventana en la vía administrativa. “El rechazo de Dominga debe respetarse. En este sentido, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de no caer en presiones, garantizar la transparencia y el respeto a las decisiones institucionales, y de proteger un ecosistema de extraordinario valor como el archipiélago de Humboldt”, sostiene Núñez.
A su turno, Francisco Irarrázabal, académico de la Facultad de Derecho de la U. Andes, hace ver que la estrategia de Andes Iron no necesariamente implica el fin del “loop judicial”. Si bien con el desestimiento la Corte Suprema no se pronunciará sobre ello, “eso no significa que el caso termina”, sino que “ahora la discusión pasa a la vía administrativa, donde hay solicitudes para dejar sin efecto la resolución con la que el Comité de Ministros rechazó el proyecto en enero de 2025”.
Si bien la propia empresa dice que quiere que estas solicitudes avancen, y lo que se resuelve ahí podría llegar nuevamente a los tribunales ambientales, advierte Irarrázabal. En resumen, “se cierra, por el momento, un capítulo judicial, pero el proyecto, 12 años después de entrar en evolución, sigue sin una definición final y habrá que seguir esperando”, estimó.
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Valeria Ibarra
