Tras algunos traspiés, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó las modificaciones al reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un instrumento de gestión ambiental que tendrá un rol clave en la elaboración de políticas y planes normativos.
De hecho, este procedimiento es parte de la Agenda de Energía del gobierno, que tiene la intención de aplicarlo para generar un mayor compromiso del sector por el resguardo ambiental y social en las zonas de construcción y operación de los proyectos energéticos, así como en lo que respecta a su implicancia a nivel global.
En el documento, el Ministerio de Energía plantea que usará la EAE en los procesos de gestión territorial y en otros planes y políticas de carácter estratégico. Su meta, añade, es que durante los primeros dos años implementen al menos una experiencia piloto.
Este reglamento fue tramitado durante la administración de Sebastián Piñera, cuando quedó en condiciones de ser publicado, proceso que fue suspendido por el gobierno actual a fin de realizarle algunos ajustes.
En lo medular, el Ministerio de Medio Ambiente, que llevó adelante este proceso, informó que los cambios introducidos permitirán incorporar las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable a lo largo de la formulación, diseño y aprobación de iniciativas que establece la ley, incluyendo en este proceso la consulta pública.
El reglamento establece que deben someterse a esta evaluación políticas y planes de carácter normativo general, así como modificaciones sustanciales que se les realicen y que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad.
Pese a que se estableció que el Presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros (instancia integrada por once secretarios de Estado), decidirá las materias que deben ser sometidas a la EAE, será obligatorio realizarla en los planes de ordenamiento territorial, planes reguladores y seccionales, planes de desarrollo urbano, zonificaciones del borde costero y manejo integrado de cuencas.
El reglamento aún debe pasar por la toma de razón en la Contraloría.
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