A pocos días de que se cumpla un año del funcionamiento del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), que guía la tramitación de grandes inversiones en el país, el dinamismo de los proyectos ha bajado fuertemente.
Si entre 2010 y 2013 ingresó a tramitación un promedio de 55 Estudios de Impacto Ambiental (EIA), desde que comenzó a regir el nuevo cuerpo normativo, el 24 de diciembre, se han presentado 23. De ellos, hay 14 que se mantienen en calificación, con una inversión en torno a los US$ 4.110 millones, principalmente en temas energéticos.
Como referencia, sólo contando 13 de 82 EIA ingresados en 2013, y que ya fueron aprobados por la autoridad, suman poco más de US$ 3.500 millones.
En materia de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que son proyectos más simples, de menor inversión y cuya tramitación es más corta, entre 2010 y 2013 hubo un promedio de 1.386 proyectos, pero desde que entró en vigencia ha ingresado cerca de la mitad, con 685 DIA.
Esta falta de dinamismo en el ingreso de iniciativas a evaluación se ha visto complementada con el índice de rechazo, por aspectos formales. Un 26% de las DIA presentadas desde que comenzó a operar el reglamento, no ha sido admitida a tramitación.
¿Efecto relacionado?
Para el ex subsecretario del Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, el bajo ingreso de proyectos de inversión al sistema no se puede justificar por las mayores exigencias del SEIA. Esto obedece, según su visión, a las perspectivas económicas respecto de las oportunidades para desarrollar los proyectos.
Pero reconoce un cambio. Lo que sí puede influir, agrega, es que ahora los titulares tienen un plazo para concretar sus proyectos, desde que obtienen sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Por lo tanto, cuando ingresan al sistema, deben tener cierta claridad de cuándo comenzarán a construir.
Para Hans Willumsen, gerente ambiental de Gisma, es posible que el nuevo reglamento haya influido en esta ralentización, pero sólo mientras se le "toma la mano" a los cambios.
Análisis de fondo
Éste último, cree que durante este primer año los titulares han presentado estudios más robustos y, luego, que esto no ha tenido efecto en el funcionamiento del sistema, por el menor ingreso de proyectos.
Irarrázabal agrega que es difícil hacer una evaluación del efecto de los cambios, porque aún no hay EIA que hayan sido aprobados bajo estos nuevos estándares. Agrega que si esta reingeniería ayudó o no a bajar la conflictividad, es una pregunta que está por responderse.
Explica que los cambios apuntaban a que los titulares llegaran con estudios robustos y claridad, para evitar los excesivos procesos aclaración de dudas a las autoridades.
Dentro de las virtudes del nuevo texto, Irarrázabal dice que fomenta una evaluación en etapas tempranas, mayor foco por parte de los servicios públicos que evalúan y, también, destaca el rol que estaba jugando la consulta indígena, donde la Corte Suprema había empezado a validar algunos procesos que se habían hecho considerando este marco reformado.
Para el experto de Gisma, la consulta indígena "ha complejizado la tramitación ambiental de los proyectos, esencialmente por la falta de claridad y certeza de sus alcances".
"Una migración de la consulta indígena es interesante, en la medida que también haya mayor claridad y certezas sobre su alcance", acotó.
¿otro cambio al sistema?
Para el ex subsecretario Ricardo Irarrázabal es quizás prematuro hacer cambios al SEIA, especialmente porque aún no se aprecia del todo las modificaciones que tuvo el sistema.
Sin embargo, para el abogado de Carcelen, Rodrigo Guzmán, "el SEIA en sus distintas versiones ha girado siempre sobre un mismo eje. A la luz de sus resultados (calidad, tiempos, consecuencias) es una fórmula que se ha agotado". En ese sentido, dice que hay modelos donde el Estado, el titular y las comunidades hacen esfuerzos en un proceso previo para concordar temas como el emplazamiento, los efectos y las medidas. Y, a raíz de eso, se enmarca el EIA.
Para el experto Hans Willumsen, lo relevante es que el SEIA funcione apegado a sus propios procedimientos técnicos y administrativos, evitando la contaminación con actores u opiniones que no tienen un rol técnico.
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