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REGÍSTRATE AQUÍTema clave es afectación del bofedal Lagunillas. BHP ya estaría analizando posibles salidas a ese punto.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 1 de agosto de 2014 a las 05:00 hrs.
Pese a las dudas en torno a un eventual rechazo por parte del gobierno del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la continuidad operacional de Cerro Colorado, la autoridad regional de Tarapacá le abrió una opción a esta iniciativa minera de BHP Billiton.
El miércoles la dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental emitió un segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara), set de preguntas que en la práctica permitirá que la compañía explique y pueda introducir mejoras al diseño del proyecto.
La mina Cerro Colorado comenzó su operación en 1994, previo al establecimiento de mecanismos de evaluación ambiental, y cuenta con un permiso para extraer agua que expira en 2016.
Por lo tanto, si el EIA no fuese aprobado, BHP Billiton tendría que cerrar esta operación, lo que sucedería en marzo de 2015, cuando concluye el plan minero actual.
En cambio, si la empresa logra la aprobación, la faena, que tiene una producción anual de unas 70 mil toneladas de cobre y una dotación cercana a los 3.000 trabajadores, podría operar hasta 2023. El trámite de la iniciativa no ha estado libre de polémica. El 21 de julio, el entonces seremi de Medio Ambiente, Juan Carlos Liendo, comunicó en conferencia de prensa, en Iquique, su oposición al proyecto y pidió su rechazo. A raíz de esto, el ministerio de Medio Ambiente le solicitó la renuncia, ya que esa intervención vulneró la institucionalidad ambiental.
El EIA de Cerro Colorado ingresó a evaluación el 18 de julio de 2013 y el principal cuestionamiento ha estado en el impacto de la extracción de recursos hídricos sobre el bofedal Lagunillas.
En 2005, la empresa fue multada y se le bajó su autorización de consumo a 150 litros por segundo.
Según ha trascendido, la empresa está consciente de estos inconvenientes y ha analizado algunos mecanismos de compensación para viabilizar la operación.
El 29º Juzgado Civil de Santiago desestimó con costas la solicitud de la matriz del grupo , argumentando que la sanción de noviembre de 2025 mantiene vigente la legitimación del regulador.
La misma comisión que recomendó adjudicar la obra a ICRR cambió su evaluación un mes después y descartó las dos ofertas. La empresa recurrió contra la decisión y denunció ante el primer mandatario un “actuar anómalo” del ministerio.
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