Una millonaria indemnización por un piso de casi US$ 9 millones y la solicitud de término inmediato del contrato de arriendo de sus pertenencias mineras en el salar de Atacama, pidió Corfo en la demanda arbitral que en mayo presentó contra SQM Salar, filial de SQM, por diferencias en el monto que la firma ligada a Julio Ponce Lerou, Kowa y PCS, se había comprometido a pagar.
En el documento de 121 páginas, la agencia estatal dice que SQM Salar habría incumplido al menos dos cláusulas del convenio que data desde mediados de los ochenta y fue modificado en 1993 y 1995 por las partes e involucra el arriendo de un total de 28.054 pertenencias que la estatal posee. El contrato expira a fines de diciembre de 2030.
En el escrito Corfo indica que SQM Salar no habría pagado de forma íntegra la renta estipulada en los contratos para el arriendo de las pertenencias, al menos entre enero de 2009 y diciembre de 2013.
“SQM Salar ha incumplido el contrato de arrendamiento señalado, toda vez que incumpliendo claras normas contractuales, no determinó ni pagó íntegramente la renta de arrendamiento pactada correspondiente a los trimestres ya señalados, adeudando por ese sólo concepto la diferencias existente entre la renta efectivamente pagada, y aquella que contractualmente debió pagar, cifra que esta parte estima preliminarmente, en una suma no inferior a US$ 8,9 millones, y cuya determinación final es materia de este juicio”, señala el documento.
Estos pagos debían ser trimestrales y su monto se definiría a partir de un porcentaje de las ventas derivadas de la explotación de los minerales contenidos en el Salar de Atacama, principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, cuyo precio debía determinar un consultor internacional independiente, cuestión que la compañía privada no habría cumplido. Lo mismo para el ácido bórico y el litio.
“La renta determinada y pagada por la sociedad arrendataria es insuficiente, no es íntegra y no corresponde a la renta que se debió pagar, incumplimiento que ha ocasionado a Corfo prejuicios millonarios”, señaló la estatal.
La corporación asegura en el escrito que en distintas oportunidades SQM Salar ha reconocido “expresa y formalmente” que aproximadamente desde el año 1997, ha calculado el precio de referencia de los productos de litio, considerando los precios de venta a clientes comerciales relacionados y no relacionados. “Para ello, SQM Salar ha sostenido que ella y Corfo habrían modificado el contrato de arrendamiento vigente, se supone con posterioridad al año 1995, lo que no es efectivo”, apuntó.
Mantención del territorio
Asimismo, Corfo sostiene que SQM Salar también habría incumplido la obligación de mantener en buen estado las pertenencias mineras.
Con estos argumentos, basó su solicitud de poner fin al contrato, además de exigir como compensación el pago de los arriendos hasta la fecha de término del convenio, junto a otras compensaciones por perjuicios, daño moral y lucro cesante.
En lo relativo a la modificación del contrato, indica que el procedimiento administrativo para el supuesto cambio, que se habría realizado después de diciembre de 1995, no se cumplió, pues a él no concurrieron ni el vicepresidente ejecutivo de Corfo de la época, ni otro habilitado legalmente. Tampoco fue visado por la Contraloría General de la República, no teniendo validez legal.
La demanda arbitral está siendo llevada por el árbitro Héctor Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, y fue presentada por la estatal a mediados de mayo, siendo este el único documento que ha presentado. En ese momento SQM presentó una demanda cruzada.
La importancia de SQM Salar
SQM Salar, la firma demandada por Corfo y con la cual tiene el contrato de arriendo de las pertenencias mineras en el salar de Atacama, es propiedad de la Sociedad Química y Minera de Chile SA (18,18%) y de SQM Potasio (81,82%). Según señalan fuentes, el negocio de fertilizantes de especialidad basados en potasio, cloruro de potasio, litio y otros químicos industriales depende directamente de la extracción de recursos del mencionado salar, y representa entre un 70% y 75% de las ventas totales de SQM, por lo que los resultados de este juicio arbitral podrían tener un fuerte impacto en la compañía, en el caso de ser desfavorables. El convenio con la agencia estatal también estipula un límite máximo de extracción de 180 mil toneladas. Asimismo, el yodo es la única línea de negocios de la firma ligada a Julio Ponce que no tiene relación directa con las operaciones en el salar.
Hitos del proceso
En 1983, la Corfo acuerda arrendar sus pertenencias mineras en el salar de Atacama a la sociedad Minsal SA.
El contrato de arriendo, ahora con SQM Salar, es modificado en 1993 y diciembre de 1995.
En mayo de 2014, Corfo interpone una demanda arbitral contra SQM Salar por deudas impagas en el canon de arriendo de más de 28 mil pertenencias mineras.
Corfo denuncia que SQM Salar usó para el cálculo de la renta de arriendo a pagar entre enero de 2009 y diciembre de 2013, tres precios distintos para el cloruro de potasio, cuando debía utilizar sólo el informado por una consultora internacional.
La estatal pide el término del contrato, el pago de al menos US$ 8,9 millones, y como indemnización los arriendos hasta 2030.
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