Tras 11 sesiones celebradas, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, creada para analizar el Acuerdo de asociación entre Codelco-SQM, finalizó con un transversal rechazo al pacto entre las compañías para explotar de forma conjunta litio en el Salar de Atacama hasta 2060.
Así, 10 de los 11 diputados votaron a favor de dejar sin efecto el acuerdo: Yovana Ahumada, Miguel Ángel Calisto, Catalina Del Real, Juan Fuenzalida, Féliz González, Cristian Labbé, Cristián Tapia, Sebastián Videla, Miguel Mellado (en reemplazo de José Miguel Castro) y Hugo Rey (en reemplazo de Andrés Celis). Por su parte, la diputada Clara Sagardia representó la única abstención.
El informe de 45 páginas puesto a votación -elaborado por Ahumada, Calisto, Del Real, Tapia y Videla- advierte graves deficiencias en transparencia, control estatal, consulta indígena y fiscalización de recursos públicos.
Entre los aspectos más críticos, denuncia que la negociación entre Codelco y SQM se realizó sin licitación pública ni respaldo formal de actos administrativos, y que se concretó mediante un "simple intercambio de cartas" entre Corfo y la estatal minera. Se acusa que el trato directo dejó fuera del proceso a otras empresas y que no se evaluaron alternativas comparativas.
La comisión estima que el pacto genera un perjuicio fiscal de, como mínimo, US$ 6.700 millones, tomando como referencia la venta de Arcadium Lithium a Rio Tinto en Argentina.
Entre sus 23 recomendaciones y propuestas, el informe plantea "dejar sin efecto el acuerdo suscrito entre Codelco y SQM" y aboga por una licitación internacional del contrato para definir al privado que entre al Salar. Asimismo, sostiene que "el acuerdo aún requiere de la aprobación de autoridades regulatorias chinas (...), no estamos frente a un proceso que esté cerrado, sino que aún hay espacio para repensar la forma en que se va explotar las pertenencias del fisco".
El presidente de la instancia, el diputado Tapia, quien fue uno de los impulsores de la comisión, determinó que el informe fuera remitido a Fiscalía Nacional Económica, Cochilco, Contraloría, Servicio de Impuestos Internos, Ministerio Público, Ministerio de Minería, de Medio Ambiente, de Economía, de Hacienda.
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