La ministra de Minería, Aurora Williams junto con celebrar el acuerdo al que llegó Barrick con 15 de las 18 comunidades diaguitas afectadas por el proyecto Pascua Lama, fue enfática al señalar que aún faltan varios aspectos que resolver para avanzar en el desarrollo minero.
Según precisó la secretaria de Estado, la firma tiene pendiente aún, cumplir las observaciones realizadas por la autoridad ambiental, entre las que se encuentra la solución definitiva al sistema de manejo de aguas del proyecto, el que se encontraría en la fase provisoria a 4 meses de que se cumpla el plazo estimado por la propia empresa ante la Superintendencia de Medio Ambiente para completar las obras definitivas. “Si llevamos 12 de 18 (meses), a los 18 meses la entidad competente va a tener que evaluar y, si no ha cumplido, aplicar las sanciones que corresponda”, dijo la ministra.
Al respecto, la secretaria de Estado agregó que “nosotros lo que sabemos es que hoy están trabajando en la primera etapa, que es una solución provisoria, y que la segunda etapa, por la envergadura, se está analizando si debería ingresar a evaluación ambiental”.
Ante esta situación Williams dijo que se deberán cumplir los plazos acordados. “Yo tengo una regla básica y es que aquí tienen que cumplirse (los plazos). No hay ventajas ni desventajas para ningún proyecto y lo que planteamos es que se tiene que cumplir con la normativa vigente sobre las observaciones de los organismos de evaluación técnica”.
Por su parte, la minera informó en un comunicado que el acuerdo implica dejar atrás “las asperezas del pasado para iniciar una nueva etapa” donde gran parte de las comunidades en conflicto podrán conocer de los efectos del proyecto y sus medidas de mitigación.
En esa misma vía, Barrick espera que el acuerdo posibilite un futuro diagnóstico común y eventualmente un convenio de diálogo y cooperación para construir una mirada inclusiva del proyecto.
Oposición
Por su parte, la Comunidad Organizada del Valle de Huasco, integrada por el Consejo de Defena del Valle de Huasco, la Asociación de Pequeños Agricultores de San Félix y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, entre otros, rechazó el acuerdo argumentando que no representa a los más de 70 mil habitantes que podrían verse afectados por Pascua Lama y acusan que el proyecto “ha violado groseramente todas las condiciones y acuerdos para su funcionamiento”.
La agrupación insiste en que es un grupo muy reducido de dirigentes el que firmó un acuerdo “inconsulto y secreto” con el abogado Lorenzo Soto para negociar con la empresa canadiense y conseguir compensaciones económicas ante los daños medioambientales.
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