“Lo ideal sería no tener que pasar por coyunturas económicas desfavorables para que los gobiernos impulsen iniciativas para reactivar la inversión”, dice el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, respecto al plan del Ejecutivo para acelerar una cartera de entre US$ 8.000 y US$ 10.000 millones en minería.
De todos modos el gremio, que reúne a los mayores operadores del sector, valora la iniciativa y trabaja para graficar cómo ésta influye en el resto de la economía nacional.
Pero no sólo eso. En el marco de la agenda de productividad le entregaron a las autoridades, las conclusiones de un estudio que BHP Billiton le encargó en 2013 a la oficina de abogados Ferrada Nehme, en el cual se da cuenta de los problemas que afectan la tramitación ambiental de proyectos mineros.
“Este estudio cubre ámbitos de la institucionalidad, de los procedimientos, de la estabilidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de la actualización de proyectos y de la calificación ambiental, entre otros temas”, dice.
De todos modos Villarino agrega que esto de acelerar inversiones no implica saltar procedimientos ni relajar exigencias, sino que agilizar decisiones de organismos públicos que ya cuentan con los antecedentes necesarios. “Esperamos que los aprendizajes recogidos en esta oportunidad y otras anteriores sirvan para agilizar trámites en forma permanente”, dice.
Efectos concretos
La inversión minera se ha reducido. De los casi US$ 105.000 millones catastrados hasta 2023, más de
US$ 75.000 millones están en etapas más lejanas de concreción. De ahí la importancia eliminar burocracia, dicen en la industria.
Según han podido determinar en el Consejo Minero, la inversión en minería tiene un efecto multiplicador de 1,67 veces, es decir, que por cada peso de actividad que genera esta industria, se crean 67 centavos en otros sectores, como consumo de hogares, gasto de gobierno, inversiones y abastecimiento de insumos.
“Una forma de constatar este efecto es apreciando que, de los flujos económicos generados por la gran minería, provenientes principalmente de los ingresos por venta, un 51% se destina a pago a proveedores; un 8% a remuneraciones de trabajadores propios; un 11% se destina al Fisco y 19% se vuelve a invertir”, dice Villarino.
Además, en el corto plazo, cuando los proyectos mineros están en fase de ejecución, se impulsaría la actividad del sector construcción, que ha visto aumentar su tasa de desempleo.
Según había estimado Sonami en 2012, cerca de un 44% de la nueva inversión en minería debería destinarse a este sector.
Coherencia regulatoria
Un tema importante del que debería extraerse lecciones, explica Villarino, es evitar el surgimiento de malas regulaciones que creen nuevas trabas. Por eso ven con buenos ojos que en el marco de la agenda de productividad, se propuso avanzar en la eficiencia y coherencia regulatoria.
Respecto del clima para invertir, Villarino dice que “no tenemos antecedentes suficientes para pensar que se llegó al punto de inflexión” en el clima de la economía producto de la reforma tributaria.
Esto, porque hay materias de esta ley que no quedaron suficientemente claras, además que implicará un aumento importante de la carga tributaria de las empresas, y que se mantienen temas pendientes, como la derogación del DL 600 a partir de 2016 y nuevos cambios en temas laborales, constitucionales, del Código de Aguas y glaciares.
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