El lunes pasado, y por tercera vez, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, asistió a La Moneda en compañía de ejecutivos de empresas socias del gremio.
El motivo de la visita habría sido plantearle a las autoridades del Ministerio del Interior el agravamiento de hechos de violencia en sus faenas, por parte de algunos grupos de trabajadores, lo que se ha traducido en paros y huelgas fuera de los plazos de negociación colectiva, sumado a que algunos de estos actos terminan en tomas.
La conflictividad laboral en la minería es un tema que se viene analizando desde el gobierno pasado entre medianas y grandes mineras y en estos días despierta mayor atención.
El martes 5 de agosto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, manifestó en público su preocupación, especialmente por los hechos de violencia en Las Cenizas, ligada al ex presidente de la CPC, Alfredo Ovalle, y Haldeman Gold (HMC), de la familia Solari-Donnagio.
En el caso de Las Cenizas -dice una fuente de la industria-, la paralización y toma que se expendió por cerca de un mes, les habría “comido” todo lo que la minera había ganado en el año.
Para este segmento de empresas -confiesan en el gobierno- este tipo de situaciones tienen la complejidad adicional que afectan mayormente el escaso margen con el que muchas firmas operan.
Para las grandes mineras, además de lo económico, hay un tema de imagen país.
El propio Villarino explicó hace unas semanas en entrevista con DF , que este tipo de hechos eran más importantes -para tomar la decisión de invertir en el país- que factores como la reforma tributaria.
“Hay otras que son más graves, como el no respeto al orden público, que hemos visto en manifestaciones en faenas e incluso en el edificio corporativo de una de nuestras empresas socias (Anglo American). A veces nosotros no nos percatamos de la gravedad de estos hechos, no le damos la importancia que tiene para un inversionista extranjero. Sólo imaginen la lectura que tienen en Londres, Sídney o Toronto”, dijo.
En 2007 hubo un paro de contratistas de Codelco que duró 36 días.
Nuevo perfil y solución
Asimismo, fuentes de la industria coinciden que la mayoría de los actos de violencia -con actitudes extremas, como prohibir el paso de personal para hacer las mantenciones a los equipos para que no se deterioren-, serían liderados por grupos anárquicos.
El consultor en temas laborales de la minería y cientista político, Marcos Palma, explica que la violencia en la minería viene escalando desde el movimiento de contratistas de Codelco en 2006 y que después se reflejó en casos como el de Caserones.
Su mirada general es que las grandes mineras deberían tener una temporada de cierta tranquilidad este y el próximo año, porque la mayoría de las negociaciones colectivas ya están realizadas. El foco de conflicto podría centrarse ahora en las medianas.
Agrega que en el caso de los contratistas, éstos tienen otras dinámicas socio-políticas, por lo que podrían verse en los próximos meses nuevas movilizaciones.
Según trascendió, la idea en la industria minera sería buscar mecanismos con la autoridad para prevenir estos hechos, porque además del efecto económico para la empresa, está generando división entre los trabajadores que no concuerdan con los métodos de estos grupos.
Además, la evidencia ha mostrado que, una vez que se paraliza y se toman la faena, es difícil retomar la normalidad. A esto se suma que, en algunos casos, no habría habido de apoyo de fuerzas policiales.
En el gobierno ven con cautela el tema. Explican que hay que apoyar a las empresas, pero en Interior querrían actuar con calma ante estos hechos, porque la intervención de Carabineros podría empeorar las situaciones, dicen.
Sin embargo, tomando en cuenta las ubicaciones de las faenas, es probable que tras un desalojo, se puedan volver a tomar la faena cuando se retira Carabineros.
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