La disputa que mantienen los principales socios del holding Importadora Café Do Brasil (ICB), los hermanos Signorio Larzabal, sumó un nuevo episodio, lo que se estima podría llevarlos a separar aguas.
ICB es una de las empresas de alimentos más grande de Chile. Su buque insigne es Marco Polo, pero además importa productos como Cola Cao, Kellogg’s, Pringles y Ferrero Rocher, entre varios otros, facturando del orden de US$ 300 millones al año.
En 2009 murió el controlador del grupo, Víctor Signorio Ferreti, quedando sus hijas Donatella y Chantal como continuadoras, cada una con 20% de participación y su hermano Mario Signorio Larzabal con el 40%, mientras que el resto de la propiedad está repartida entre pequeños accionistas.
A principios de año, Chantal Signorio y su marido Arturo Majlis, socio de Grasty, Quintana y Majlis & Cía, pidieron la disolución de la sociedad. La acción presentada en el 14 Juzgado Civil de Santiago contó con el respaldo de Michael Grasty y Alejandro Quintana, socios del estudio y de la firma de alimentos.
La acción legal es contra los representantes legales, Sergio Rojas y Mario Signorio.
Los demandantes pidieron la designación de un juez árbitro para que resuelva la solicitud de “disolución de la sociedad Importadora Café Do Brasil”.
En ese primera arista, sostuvieron que “han ocurrido una serie de hechos que son constitutivos de infracciones graves de la ley y de administración fraudulenta, entre otros hechos de igual magnitud”.
En julio pasado, otro accionista de la sociedad y también socio del estudio jurídico, Eduardo Marchi Fernández, presentó una nueva acción judicial en contra de Mario y Francesca Signorio Larzabal.
“He sido informado por Arturo Majlis Albala que doña Alejandra Marticorena Álvarez habría recibido préstamos y percibido pagos por parte de ICB, los que no tendrían causa ni justificación de ninguna índole (…). Alejandra Maticorena Álvarez es la cónyuge del controlador, accionista mayoritario –indirecto- de ICB y ex director de la misma, el señor Mario Signorio Larzabal”, dice la acción judicial.
El abogado apuntó a un supuesto préstamo por $ 55 millones a Maticorena, así como el pago de $ 53 millones de ICB y/o alguna de sus filiales.
“Los actos a los que nos hemos referido estarían vulnerando importantes disposiciones de la legislación societaria, normas que principalmente están en función de la protección de los accionistas minoritarios y, además, aquellos actos adolecerían de vicios de diversa índole que implicarían la inexistencia o, al menos, su nulidad absoluta”, sostuvo Marchi en su escrito.
En junio del año pasado, Michael Grasty ya había solicitado una medida prejudicial en contra de Mario Signorio, apuntando a “gastos personales de los directores que eran imputados a la sociedad y la emisión de facturas que aparentemente podrían ser ideológicamente falsas”.
Consultados, Arturo Majlis y Mario Signorio, ninguno se pronunció sobre este conflicto. No obstante, personas al tanto explicaron que actualmente hay varios procesos abiertos, uno de los cuales es el juicio arbitral. Si bien se pide la disolución de la sociedad, se afirma que el objetivo no es ese, y que lo más probable es que las partes lleguen a un acuerdo que termine con una de ellas comprando su participación a la otra.
Varias fuentes consultadas explican que es altamente factible que Mario Signorio aumente su participación en la compañía, todo lo cual dependerá de un eventual acuerdo en el valor que se le otorgue al conglomerado.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Alimentos
