Había pasado a un segundo plano en el marco de la crisis político-social que vive el país hace 50 días, pero la denominada Ley Uber, que regula las plataformas tecnológicas que articulan el movimiento de pasajeros, está tomando su forma definitiva.
El debate en particular ha estado radicado en la Comisión de Transportes de la Cámara Alta, donde se aprobó una indicación que pone en riesgo el número de socios conductores y eleva la barrera de entrada a este sistema de taxis informales.
Esto, porque según quedó establecido, a quienes se inscriban por primera vez a estas plataformas se les exigirá que sus automóviles no tengan una antigüedad mayor a los tres años, lo que -se estima- podría implicar una fuga de un rango entre 40% y 70% de la base actual, dependiendo de la plataforma.
Esto quedó establecido en una propuesta del senador Jorge Pizarro, que establece concretamente que para registrarse “los vehículos deberán cumplir, como principal exigencia, tener una antigüedad no superior a tres años, al solicitar su inscripción por primera vez en el Registro referido en el artículo 2 y no superior a 5 años en caso de reemplazo”.
A juicio del director de Asuntos Corporativos de Didi, Felipe Simonsohn, es un requisito demasiado alto comparado con el resto de los servicios de transportes como los taxis, “lo que a todas luces es discriminatorio. Desde el punto de vista técnico desconocemos los motivos de una propuesta como esta”, sostiene el ejecutivo.
El impacto de la restricción de la antigüedad propuesta por el Senado sería “devastador”, calificó el gerente de Asuntos Gubernamentales de Uber, Nicolás Sánchez. Dice que cerca de 60.000 personas no podrán funcionar en la aplicación, lo que equivale a tres cuartos de sus socios.
“Hasta hoy, ninguna regulación en el mundo ha establecido un requisito tan estricto en esta materia, siendo la regla general entre siete y diez años”, añade.
Por esta razón, country manager de Cabify, Ignacio Gutiérrez, dice que la indicación debería volver a evaluarse, ya que es una exigencia que se enfoca en una categoría de autos seminuevos, que no están al alcance de todos los conductores.
El ejecutivo de la firma española apuntó a que la propuesta de los senadores debe centrarse en las características que debe tener un vehículo. “Vemos positivo proponer medidas que vayan en línea con la seguridad y la eficiencia medioambiental, tales como la existencia de frenos ABS, Airbags, número de cilindradas y la tecnología suficiente que permita garantizar un trayecto seguro”, añade.
Asimismo, apunta a que en el mercado existen varios modelos de automóviles que son muy usados por los mismos conductores de aplicaciones, que cumplen con todas estas exigencias y que no necesariamente están dentro del rango de tres años de antigüedad.
Una opinión que coincide con la Legal Specialist de Beat, Paula Droguett, quien recuerda que la comisión debe centrarse en aspectos de calidad que vayan la línea con la seguridad del pasajero.
“Esta medida reducirá el mercado significativamente, porque no todos tienen acceso a esa clase de automóviles. Eso no significa que Beat no tenga restricciones, ya que sólo aceptamos vehículos de 2009 en adelante y tampoco cualquier auto. Está bien poner restricciones, como por ejemplo, aumentar las revisiones técnicas, pero cuando se trata de calidad en esos términos no se justifica”, dice la abogada.
Avance de la regulación
El 27 de noviembre fue la última reunión en que los parlamentarios discutieron los avances de la Ley Uber. Hasta el momento, la comisión de Transportes del Senado ha revisado 55 de las 118 indicaciones del proyecto, de las cuales rechazaron 26, aprobaron 8, están pendientes 17 y se declaró inadmisibles 4.
El grupo de pendientes se explica porque el gobierno presentará una propuesta alternativa. Por ejemplo, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, se comprometió a traer una medida diferente de distintivo para los vehículos, ya que no le parece que las aplicaciones deban tener una placa patente o una calcomanía para distinguirse.
Esto, porque la idea original es que taxis y aplicaciones no compitan por los mismos pasajeros de la calle y, de haber un distintivo, podrán ser detenidos los vehículos sin la necesidad de usar la aplicación.
Sin embargo, el senador Juan Pablo Letelier, planteó que con un distintivo es más fácil fiscalizar a los socios conductores. Aún así, la titular le replicó que el ministerio está a punto de terminar un proyecto que incluye digitalizar todos estos procesos para facilitarlos y prescindir de un número alto de inspectores, lo que ya son bajos para el parque automotriz de transporte menor.
Pero el senador no quedó satisfecho, razón que impulsó a la ministra a proponer una medida alternativa que se dará a conocer en las siguientes sesiones.
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