Tras la solicitud de quiebra presentada por Jorge Rabié, controlador de la firma distribuidora, esta semana se vienen una serie de definiciones. En primera instancia los principales acreedores designarán el síndico y si se mantiene la continuidad de giro de la compañía.
La llegada del síndico es clave para ordenar las acreencias y resolver la fórmula de una eventual enajenación de activos, lo que podría hacer más expedita la venta de la distribuidora, tal como hoy se está dando en el caso de la quiebra de Pescachile.
Interesados no faltarían, incluso, trascendió que la familia Villablanca, al igual que otros que estuvieron participando de procesos anteriores de búsqueda de inversionistas estarían viendo cómo decanta la situación para participar del proceso que viene.
El atractivo de participar en él, es porque éste entregaría mayores garantías a los potenciales interesados y sería más rápido que realizar un due diligence y lo más importante para ellos, existe la certeza de que el objetivo es vender.
De acuerdo a los antecedentes confirmados por uno de los principales acreedores de la distribuidora, el banco BCI, la deuda de Rabié asciende a unos US$ 150 millones. De ese monto, sólo el 20% corresponde a deudas del grupo con la entidad financiera, los que según el banco están en un 90% provisionado en los estados financieros de julio. Otros acreedores importantes son el banco Santander, Banco de Chile, Soctiabank y BICE, además de varios proveedores, entre ellos las firmas de consumo y alimentos, Unilever, Carozzi, Iansa,Tresmontes Luchetti y CMPC.
Otros frentes
Pero la quiebra no es el único frente judicial de la firma. Aun está pendiente el juicio arbitral que Jorge Rabié entabló en contra de la Chilena Consolidada y otras compañías aseguradoras por os diferencias que existían entre ellos al momento de cuantificar los daños del terremoto en los inmuebles de la sociedad. en primera instancia, el
árbitro designado para la causa acogió la solicitud de Rabié obligando
a las demandadas a pagar la suma
de 57.284 UF (US$ 2,6 millones) como monto no disputado. No obstante, la coaseguradoras iniciaron un proceso de recusación en contra del árbitro, el que aún está en trámite.
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