Por Jimena Catrón Silo
A fines de enero todos los bancos de la plaza recibieron un oficio al que no estaban acostumbrados. El remitente: la Unidad de Análisis Financiero (UAF). El documento instruía a las instituciones financieras que enviaran la información de todas las acreencias que tuvieran los ex ejecutivos de La Polar que han sido formalizados por el escándalo de las repactaciones unilaterales.
Esto, para buscar documentos en los que se puedan detectar señales de que se hubiera cometido lavado de activos a través de ellos. Este delito es el que la Fiscalía Centro Norte buscará acreditar una vez que comience el juicio oral, posiblemente en 2013, y corre por una vía paralela a la investigación de la UAF. En caso de encontrarse estos indicios, el paso siguiente es analizar por qué los sistemas de alerta no funcionaron, e incluso sancionar con multas si es necesario.
¿La razón?, según comentaron fuentes del mercado, está en que al parecer ninguna entidad envió reportes de información sospechosa de lavado de dinero a la UAF.
Esta operación se enmarca dentro del nuevo proceso de inteligencia estratégica que está implementando la entidad, que comenzó a aplicarse este año, y en el que también han ido a las oficinas de LarrainVial (institución en la que Pablo Alcalde mantenía la mayor parte de sus inversiones) en busca de distintos documentos.
Al ser consultada formalmente, desde la UAF respondieron que por el artículo 13 de la ley 19.913 están impedidos para referirse sobre cualquier investigación que puedan o no estar llevando a cabo.
Lo que viene
En caso de que se encontraran señales de lavado de activos en la información recabada, la UAF presentaría solicitudes de alzamiento del secreto bancario ante el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago (donde está el domicilio legal de la unidad), quien deberá designar a un ministro de dicha corte para que resuelva sobre la solicitud. Cabe destacar que hasta el momento, el 100% de las solicitudes ha sido aprobada.
Por otro lado, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, encabezada por el fiscal José Morales, sostiene que producto del delito de lavado de activos, Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno recibieron más de $7.900 millones entre 2006 y 2011, por actos de ocultamiento, que beneficiaron su patrimonio.
El lavado de activos se define como el intento de ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control de dinero u otros bienes obtenidos en forma ilegal. Entre las acciones que pueden configurar este delito están la entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada y ocultamiento de información, además de omitir o alterar información financiera.
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