Gobierno no logra alinear a su coalición y anuncia estado de excepción acotado en Macrozona Sur

El gobierno finalmente decidió abandonar la idea de aprobar una reforma constitucional para crear un nuevo estado de excepción “intermedio” de “protección y resguardo” en la Macrozona Sur.

Ante la falta de acuerdo en la coalición oficialista, la autoridad decidió aplicar un estado constitucional de emergencia, tal como está vigente en la actual Constitución, que sería enviado a través de un decreto presidencial esta misma noche.

La decisión, que ya había trascendido, fue confirmada esta noche por la ministra del Interior, Izkia Sichez, aunque previamente había sido informada por el comité político a los presidentes de partidos de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático durante una reunión esta tarde en La Moneda.

"Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Bío Bío en la Región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios", señaló Siches a través de un punto de prensa en el Palacio Presidencial.

"Con el conjunto de estas medidas retomarenos la normalidad para los y las habitantes de la zona. Estamos comprometidos con continuar el camino del diálogo para lograr cambios profundos, que aseguren el bienestar de todos y todas", concluyó la ministra.  

De este modo, en vez de aplicarse a regiones específicas del país, el estado de excepción se enfocará en rutas y caminos, tal como lo había planteado más temprano hoy el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.

En la práctica, esta modalidad ayudaría a cumplir lo acordado por la autoridad con el gremio de los camioneros, que en las últimas semanas protagonizaron masivos bloqueos de carreteras en el sur del país para exigir mayores medidas de seguridad.

"Nos parece bien que el Presidente Boric haya escuchado nuestro clamor y el de los chilenos, que exigimos seguridad ante la escalada de violencia que afecta al país y a los transportistas", destacó el presidente Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez.

Durante esta jornada sería publicado el decreto que declara el estado de excepción Constitucional en parte de la Macrozona Sur

Reacciones políticas

La decisión generó inmediatas reacciones en el mundo político. “Esta medida nos parece un avance en medio de tanta improvisación y falta de decisión del gobierno”, señaló la senadora (Independiente RN) Carmen Gloria Aravena. “Se perdió más de una semana en devaneos para presentar un proyecto de ley que se hundió por el rechazo de los propios partidos de gobierno, desperdiciando tiempo valioso para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur”, concluyó.

Por su parte, el diputado Cristián Araya (Partido Republicano) criticó la decisión, cuestionando que tendrá un alcance limitado. "Lo que pudo traer un pequeño alivio y luz de esperanza en medio de la indefensión y sufrimiento de miles de chilenos que viven en el sur de de nuestro país, se desvanece quedando reducido a su más mínima expresión, debido a las presiones del Partido Comunista".

El parlamentario apuntó así al papel que ha jugado esta última colectividad en las decisiones del Ejecutivo. "Resulta inaceptable que el Gobierno se deje pautear por el brazo político de los terroristas, el Partido Comunista, y acote, al gusto de Teillier y compañía, la aplicación del Estado de Excepción", señaló Araya. 

Una visión similar manifestó la senadora María José Gatica (RN), quien declaró que "más que un estado de excepción es un estado de decepción, porque será un despliegue militar a medias donde los grupos criminales ya no van a atacar en las rutas principales, y estos grupos se van a enfocar en los caminos interiores, en las casas y campos, lo que será aún más peligroso".

Brecha política

El tema ha generado una creciente brecha en la actual administración, con algunos representantes del Partido Socialista y del PPD pidiendo una reacción firme de la autoridad para hacer frente a la violencia en la zona, mientras que miembros del PC y del Frente Amplio han rechazado otorgar facultades amplias a los militares para intervenir.

Así, en su declaración, la ministra Siches buscó encontrar un punto intermedio, haciendo un reconocimiento a las demandas políticas de los pueblos originarios en la región.

"Desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric reconocemos que estamos ante un problema complejísimo y que no se solucionará de la noche a la mañana. También sabemos que debemos actuar de forma coordinada como sociedad. Queremos enfatizar que nuestro Gobierno está comprometido con una agenda de reconocimiento de los pueblos indígenas, con los que tenemos deudas centenarias entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche", destacó.

Por eso, precisó, la autoridad buscará avanzar en una agenda compuesta por tres ejes. Además del estado de excepción, la estrategia de seguridad incluirá la solicitud al Ministerio Público de un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales en el sur de país. 

Junto con ello, se reforzará la labora de la Conadi en la compra y restitución de terrenos, y se insistirá en los parlamentos territoriales entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.