Una nueva reforma tributaria, que apunta a recaudar unos US$ 3.974 millones, presentó ayer el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, acompañado por el presidente Iván Duque, además de parlamentarios, gobernadores, alcaldes, representantes del mundo empresarial y de la sociedad civil.
La meta de la iniciativ, que se enmarca en "Proyecto de Inversión Social", es más moderada que la del polémico texto original -que generó una ola de manifestaciones y buscaba conseguir US$ 6.119 millones para cubrir las necesidades de las finanzas públicas-, pero se definió a partir de conversaciones que sostuvo el titular de Hacienda en las regiones del país con actores sociales, empresariales y políticos.
La propuesta se sustenta en tres pilares: en lo social, que se refiere a atender a los más vulnerables; lo fiscal, que apunta a la sostenibilidad de las finanzas públicas; y en el crecimiento y la reactivación económica, con el fin puesto en generar más empleos.
¿Cómo se pagará esto? La mayor parte del financiamiento se conseguiría gracias al aporte de las empresas, para lo cual se apunta a reducir a un 50% el beneficio tributario que permite descontar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) del impuesto de renta a las firmas, con lo que se recaudarían US$ 1.019 millones.
El impuesto a la renta para las empresas subiría a 35% -desde el 30% actual- desde 2022, lo que, a su vez, permitiría conseguir US$ 1.751 millones. Eso sí, se mantendrán los beneficios tributarios de la llamada "Ley de Crecimiento". También se propone mantener la sobretasa al sector financiero de tres puntos porcentuales entre 2022 y 2025, entre otros puntos.
"Vimos que había un problema fiscal importante que el país debía atender y no se podía dejar solo al Estado. No se podía acudir a los ciudadanos o pensionados", planteó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) Bruce Mac Master ayer, mientras que el el presidente del Consejo Gremial, Julián Domínguez, defendió que "el sector empresarial, a través de este conjunto de acciones, está diciendo presente y que vamos hacia adelante".
Una segunda fuente de financiamiento sería la austeridad del gasto público, que proporcionaría unos US$ 496 millones gracias a los ahorros del gobierno en gastos burocráticos, cambios en la planta de personal, gastos de teléfonos celulares, viáticos, arriendo, vehículos, y "todo aquello que no sea necesariamente esencial", según el ministro.
El último punto sería la lucha contra la evasión y elusión fiscal, que entregaría cerca de US$ 705 millones luego de entregarle nuevos instrumentos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), tales como la aplicación de medidas como la transformación de la factura electrónica, y gracias a la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB).
Extensión de beneficios
Mediante esta reforma se pretende extender hasta 2022 el programa de Ingreso Solidario -renta básica de emergencia- y que tendrá un costo de US$ 2.274 millones. También se ampliaría el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) -iniciativa de subsidio para el pago de nóminas- hasta diciembre de este año y para las microempresas de dos trabajadores, pues ahora solo se puede acceder desde los tres funcionarios. Esta iniciativa que costaría unos US$ 287 millones.
Para impulsar el empleo se subsidiará el 25% de un primer salario mínimo para que jóvenes de entre 18 y 28 años sean contratados por empresas, y se pagará el 10% para los otros grupos etarios. Junto con esto, se busca la gratuidad permanente en la matrícula universitaria de los tres estratos más vulnerables en universidades públicas.
"Durante todo el proceso fue recurrente la idea de no afectar a las personas vulnerables ni a la clase media. Ese mensaje lo hemos seguido al pie de la letra", aseguró Restrepo. "Este es un contexto en el que debemos de ser tremendamente cuidados, por eso en la iniciativa no se toca el IVA, ni las pensiones ni la renta de las personas naturales".
La implementación de esta reforma, que se presentará al Congreso el martes, significaría disminuir la pobreza a 34,2% -desde el 42,5% actual- y de la pobreza extrema a 9,6%, en más de cinco puntos porcentuales. El desempleo juvenil caería a 15,8%, y se recuperaría alrededor de medio millón de empleos.
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