El presidente Joe Biden firmará hoy viernes una extensa orden ejecutiva diseñada para promover la competencia en las industrias estadounidenses y en el mercado laboral, pidiendo a los reguladores que tomen medidas para reducir los precios de los medicamentos, endurecer la fiscalización de las fusiones en tecnología y banca, y dar a los trabajadores más poder para cambiar de trabajo y negociar salarios.
La acción provocará que el gobierno federal establezca nuevas regulaciones en todo, desde el servicio de Internet hasta las tarifas de equipaje de las aerolíneas, según una hoja informativa.
La directiva busca abordar el fuerte aumento en la consolidación de industrias durante las últimas dos décadas, lo que ha generado preocupaciones de que las empresas más grandes estén ahogando la competencia y la innovación. En ninguna parte esa preocupación es más inmediata que en el sector de la tecnología, donde un puñado de empresas se encuentran entre las más valiosas del mundo.
La Casa Blanca culpó a la menor competencia en la economía por el aumento en los precios de insumos básicos como medicamentos con receta, los menores salarios y un crecimiento más lento en la innovación.
“Se estima que los precios más altos y los salarios más bajos causados por la falta de competencia le cuestan a los hogares estadounidenses promedio US$ 5 mil al año”, dijo la administración.
La orden incluye 72 iniciativas de más de una docena de agencias federales. Estos son algunos detalles de la orden:
Reglas de Internet abierta
Se solicita a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, sigla en inglés) que restablezca las reglas de neutralidad de red que prohibían a los proveedores de servicios de Internet bloquear, ralentizar o acelerar cierto contenido a cambio de una tarifa. Esas reglas se implementaron bajo el expresidente Barack Obama, pero se revertieron bajo el expresidente Donald Trump.
La orden también pide a la FCC que evite que los proveedores de Internet negocien acuerdos exclusivos con los propietarios que dejan a los arrendatarios con una sola opción de Internet, y que limite las altas tarifas de fin de contrato que cobran las compañías de cable cuando los consumidores cambian de proveedor.
Se solicita a la Comisión Federal de Comercio que establezca reglas sobre la recopilación de datos por parte de las empresas de tecnología y regulaciones que prohíban los "métodos desleales de competencia" de las plataformas tecnológicas más grandes para proteger a las empresas que dependen de ellas para llegar a los clientes.
Fusiones bancarias
La orden, que culpa a la consolidación de la banca por el aumento en los costos para los consumidores y las restricciones de crédito a las pequeñas empresas, pide al Departamento de Justicia y a los reguladores bancarios que actualicen las pautas sobre fusiones bancarias para endurecer el escrutinio de los acuerdos.
Se solicita a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (FTC, sigla en inglés) que emita reglas para facilitar a los consumidores el cambio de banco permitiéndoles descargar sus datos bancarios y llevárselos.
Cuidado de la salud
La orden apunta a cuatro áreas donde dice que la falta de competencia aumenta los precios y reduce el acceso a una atención de calidad, comenzando con los precios de los medicamentos recetados.
Alienta a la FTC a prohibir los llamados acuerdos de pago por demora que ralentizan el flujo de genéricos más baratos al mercado y ordena a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés) que trabaje con los estados para importar medicamentos recetados de menor costo desde Canadá. También instruye al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) a emitir un plan integral dentro de los próximos 45 días para combatir los altos precios de los medicamentos y el aumento excesivo de precios.
La orden también pide al HHS que emita reglas para permitir que los audífonos se vendan sin receta, y señala que solo una fracción de los estadounidenses los usa debido a sus altos costos. En promedio, cuestan más de US$ 5 mil el par y no están cubiertos por el seguro médico.
La consolidación de los hospitales ha aumentado los costos de atención médica y ha reducido el servicio para algunas comunidades, especialmente en áreas rurales, señala la orden. Ordena al Departamento de Justicia y la FTC endurecer sus pautas de fusión para los acuerdos hospitalarios. También indica al HHS que respalde las reglas de transparencia de los precios de los hospitales y termine de implementar la legislación para abordar la facturación hospitalaria oculta.
Debido a que la consolidación en el cuidado de la salud ha dificultado que los consumidores encuentren y comparen opciones de seguros, según la Casa Blanca, ordena al HHS estandarizar las opciones de planes en el Mercado Nacional de Seguros Médicos para que las personas puedan comparar más fácilmente.
Beneficios para agricultores
La orden exige nuevas reglas para beneficiar a los agricultores y ganaderos. Instruye al Departamento de Agricultura (USDA, sigla en inglés) a facilitar que las granjas de vacas, cerdos y aves de corral demanden a los grandes procesadores si reciben un pago insuficiente o si sufren represalias. También pide al USDA que considere la posibilidad de emitir nuevas reglas que definan cuándo la carne puede llevar etiquetas de “Producto de EEUU” para restringir que las empresas etiqueten los alimentos producidos en el extranjero como hechos en el país cuando simplemente se procesaron a nivel local.
La medida también mandata al USDA ayudar a los agricultores a acceder a los mercados y recibir un retorno justo por sus productos, incluido el apoyo a sistemas alternativos de distribución de alimentos como los mercados de agricultores y el desarrollo de estándares y etiquetas para que los consumidores puedan elegir comprar productos que traten a los agricultores de manera justa.
Alienta a la FTC a evitar que los fabricantes de equipos limiten la capacidad de los consumidores para reparar equipos en tiendas independientes o por su cuenta. La medida está destinada a beneficiar especialmente a los agricultores, que se enfrentan a elevados costos de reparación por parte de los fabricantes de tractores que utilizan herramientas y software patentados para evitar que terceros trabajen en los equipos.
Acuerdos no competitivos
El elemento laboral de la orden se centra en restringir los acuerdos de no competencia que se han vuelto comunes en ciertas industrias y limitan la movilidad de los trabajadores. La medida también solicita reglas antimonopolio actualizadas con respecto a las empresas que comparten información sobre salarios y beneficios para evitar competir por los trabajadores.
Pide a la FTC que elimine los requisitos de licencias ocupacionales que pueden crear barreras de entrada para nuevos solicitantes de empleo en ciertos campos. Biden también reiteró su apoyo a un proyecto de ley prolaboral que fue aprobado en la Cámara y está estancado en el Senado, lo que facilitaría que los trabajadores se organicen en sindicatos.
Tarifas de aerolínea y envío
Biden también apunta a la consolidación en la industria aérea, especialmente las tarifas adicionales por cosas como equipaje, servicios a bordo y cancelaciones, que "a menudo son elevadas de manera coordinada, lo que demuestra una significativa falta de presión competitiva", según la Casa Blanca. La orden dice que las diez principales aerolíneas recaudaron US$ 35.200 millones en tarifas asociadas en 2018, en comparación con solo US$ 1.200 millones en 2007.
La orden indica al Departamento de Transporte que se asegure de que esas tarifas sean transparentes y, cuando no se proporcione el servicio, se reembolsen.
Para los ferrocarriles, actualmente dominados por solo un puñado de compañías ferroviarias de carga, la medida exigirá a los propietarios de vías ceder el derecho de paso a los ferrocarriles de pasajeros y tratar a otras compañías de carga de manera equitativa. La medida también aborda las tarifas de envío, que los fabricantes nacionales están actualmente obligados a pagar a las empresas extranjeras.
Funciones de las agencias
La orden Biden se hace eco de una instrucción del gobierno de Obama en 2016 que decía que las agencias gubernamentales más allá de la responsabilidad de aplicar las leyes antimonopolio deben proteger a los consumidores, trabajadores y empresas de ser perjudicados por instancias de poder de mercado en la economía. Sin embargo, a diferencia de la orden de Biden, la de Obama no instruyó a las agencias individuales a tomar acciones específicas, sino que les exigió que elaboraran sus propios planes.
Esa orden se basó en un informe del Consejo de Asesores Económicos que describe la evidencia de que las industrias de EEUU sufren de una creciente consolidación y una disminución de la competencia.
Desde entonces, la atención al poder de las empresas dominantes solo ha aumentado a medida que los economistas y los responsables políticos expresan su preocupación de que la mayor concentración esté afectando a grandes franjas de la economía y contribuyendo a problemas como la desigualdad de ingresos, el estancamiento de los salarios y el bajo crecimiento de la productividad.
Si bien la redacción e implementación de nuevas reglas y regulaciones puede llevar meses y será manejada en gran medida por departamentos y agencias individuales, la Casa Blanca ha dejado en claro que espera que la orden ejecutiva pueda conducir a cambios significativos que conlleven un gran impacto en varias industrias.
La medida fortalece el impulso de la administración para intensificar la aplicación de las leyes antimonopolio en medio de críticas generalizadas de que los agentes del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio no han ido lo suficientemente lejos para controlar las fusiones y las conductas anticompetitivas.
El mes pasado, Biden nombró inesperadamente a la profesora de la Facultad de Derecho de Columbia, Lina Khan, para dirigir la FTC, poniendo a uno de los principales partidarios de una gestión antimonopolio más dura a cargo de la agencia. Biden todavía no ha nominado al jefe de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, dejando a la unidad sin liderazgo político a cinco meses del inicio de la nueva administración, mientras avanza con un caso antimonopolio contra Google y una demanda para bloquear la adquisición propuesta por Aon sobre Willis Towers Watson por US$ 30 mil millones.
El esfuerzo de la Casa Blanca se suma a un impulso generalizado para una aplicación más sólida de las leyes antimonopolio en Washington, donde la mayoría bipartidista en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes presentó en junio seis proyectos de ley antimonopolio, principalmente dirigidos a las mayores empresas de tecnología. Las propuestas representan un esfuerzo por renovar las leyes antimonopolio y dar más autoridad a los encargados de hacer cumplir la competencia.
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