Las elecciones de medio término agendadas para el 3 noviembre podrían tener un efecto limitado sobre la política federal de Estados Unidos, pero sí alterarían el ritmo de construcción de los centros de datos que sostienen la expansión de la inteligencia artificial (IA).
Esa es una de las conclusiones de un informe de Morgan Stanley, que identifica contiendas estatales y locales capaces de modificar las condiciones para aprobar nuevos proyectos.
El reporte, encabezado por la estratega Ariana Salvatore, sitúa el debate en los permisos, el acceso a electricidad y agua, y los incentivos tributarios.
“Los mecanismos que realmente pueden limitar un proyecto -la aprobación de su conexión a la red, el diseño de tarifas para grandes consumidores, la ubicación, los permisos de agua y los beneficios tributarios- están casi por completo en manos de comisiones estatales, legislaturas y autoridades locales”, señala el equipo integrado también por Katie Solovieva, Yimin Huang y Vishwanath Tirupattur.
La IA ya ocupa un lugar en la discusión electoral. En una encuesta de Morgan Stanley realizada en agosto, el 72% de los probables votantes consideró que la posición de los candidatos sobre esta tecnología era importante para decidir su voto. El dato se refiere a la IA en general, mientras que la oposición a los centros de datos se concentra en las comunidades que podrían recibirlos.
Definición de las condiciones para construir
Morgan Stanley sigue especialmente las carreras por las gobernaciones y las comisiones que regulan los servicios públicos. Los gobernadores pueden nombrar a sus integrantes en buena parte del país; las comisiones deciden sobre tarifas y conexiones a la red eléctrica. Las legislaturas, por su parte, pueden modificar exenciones tributarias o dar mayores facultades a las autoridades locales para detener proyectos.
En Texas, el gobernador Greg Abbott detuvo nuevas aprobaciones mientras se revisan los proyectos y plantea eliminar una exención tributaria. Su rival demócrata, Gina Hinojosa, propone una moratoria hasta que la legislatura establezca nuevas protecciones para las comunidades. Morgan Stanley identifica 159 proyectos, con una capacidad conjunta de 24 gigavatios, expuestos a posibles cambios de política en el estado. Se trata de obras en distintas etapas, no de cancelaciones previstas.
En Pensilvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro exige condiciones sobre los costos eléctricos y la aprobación local de los proyectos. Su rival republicana, Stacy Garrity, propone pausar su desarrollo.
En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms plantea congelar las nuevas construcciones en todo el estado, mientras que el republicano Rick Jackson exige el respaldo de las comunidades donde se instalarían.
El informe observa que las restricciones han ganado espacio entre candidatos de ambos partidos, aunque con distintas propuestas sobre su severidad.
El debate también se extiende al costo de la electricidad. Según Morgan Stanley, durante las primeras seis semanas de las sesiones legislativas de 2026 se presentaron más de 300 proyectos de ley sobre centros de datos en más de 30 estados. Al menos 18 estados introdujeron propuestas para establecer tarifas especiales a grandes consumidores de energía.
La dimensión económica explica por qué estas decisiones locales interesan a los inversionistas. Morgan Stanley prevé que la economía estadounidense crezca 2,3% en 2027 y estima que 0,6 puntos porcentuales de ese avance estarán vinculados a la inversión en IA, una categoría más amplia que la construcción de centros de datos.
“Una menor inversión, o su postergación, pesaría sobre el crecimiento. Una expansión más lenta de la infraestructura de IA probablemente también implicaría una adopción más gradual de la tecnología y podría prolongar el ciclo de inversión, dada la brecha que prevemos entre la demanda y la oferta de capacidad de cómputo”, advierte el informe.
El banco considera improbable una moratoria federal y mantiene una perspectiva favorable para la inversión en IA. Su alerta apunta a que las decisiones tomadas estado por estado pueden demorar proyectos o elevar sus costos. El reporte no estima cuánto crecimiento se perdería bajo un resultado electoral determinado.
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