Más del 27% de los argentinos serían indigentes si no recibiera algún tipo de ayuda estatal; el 64,1% de los niños y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 16%, por debajo de la indigencia. Además, el 44,6% de los hogares recibieron este año algún ingreso en concepto de ayuda social por parte del Estado.
Estos son algunos de los datos más relevantes del informe Deudas Sociales en la Argentina 2010-2020, Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto Covid-19 elaborado por el Observatorio Social de la Deuda Social (UCA) del que se desprende que, si bien la ayuda social atenuó los efectos de la pandemia, la desigualdad estructural sigue en aumento: apenas un 26% de los argentinos es “no pobre”.
De acuerdo a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) realizada entre julio y octubre de este año que se conoció en las últimas horas, el 7,3% de los hogares y 10% de las personas son indigentes mientras que el 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza.
Según se subraya en el informe al que tuvo acceso El Cronista, tanto en pobreza como en indigencia, se trata de los registros más altos de la década actual. En este contexto, el 64,1% de los niños y adolescentes de entre 0 y 17 años viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 16% en hogares con ingresos por debajo de la frontera de la indigencia.
Otro dato alarmante que se desprende del informe elaborado por el observatorio que lidera Agustín Salvia es que que un 10,3% y un 13,7% de las personas cayeron en situación de indigencia y pobreza, respectivamente, entre 2019 y 2020.
Así, el informe arroja que solo un 26% de la población argentina no es pobre. Es decir, sus ingresos corrientes cubren el valor de la Canasta Básica Total, tanto de la canasta alimentaria como de la canasta de demás bienes y servicios.
La ayuda social, la clave
En el marco de la pandemia el 47,4% de hogares recibió algún tipo de asistencia social por parte del Estado. Ya sea en concepto de transferencia de ingresos o bien, algún tipo de ayuda alimentaria En otras palabras, cerca del 55,5% de personas que habita en hogares que percibieron algunas de estas políticas.
¿En qué proporción? El 44,6% de los hogares recibieron alguna ayuda social vinculada a transferencias de ingreso (tarjeta alimentaria/social, asignaciones familiares no contributivas, programas de empleo, IFE, entre otras). En tanto, el 20,5% de unidades domésticas declaró haber recibido algún bolsón, vianda o haber retirado alimentos de comedores no escolares. Un dato a tener en cuenta es que el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia que entregó la ANSeS para paliarlos efectos de la pandemia, no está estipulado en el Presupuesto 2021 sancionado en el Congreso en las últimas semanas.
Lo que concluyen desde el observatorio que lidera Salvia es que, si bien las medidas implementadas por el Gobierno permitieron amortiguar el impacto de la crisis sobre las condiciones de vida, estas no son sucientes para compensar la retracción económica, la destrucción de empleo y el aumento del empobrecimiento, sobre todo, entre los sectores sociales que se ven impedidos de mantenersus actividades laborales y carecen de un fondo de reserva. En pocas palabras, no sólo hay más pobres, sino que los pobres crónicos son más pobres.
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