Sin internet móvil, con un amplio despliegue policial en las calles -sobre todo de La Habana- y en medio de una llamada “tensa calma” amaneció ayer Cuba tras vivir su mayor manifestación en las últimas décadas. Imágenes y videos de las protestas del domingo siguieron dando la vuelta al mundo en redes sociales de la mano de denuncias de detenciones, represión y violencia policial.
Cerca de las 9:00 de la mañana hora local, el presidente Miguel Díaz-Canel -que el domingo hizo un llamado a los cubanos a defender la revolución- se dirigió al país por televisión y radio, y acusó que las protestas del domingo buscaban “fracturar la unidad” de la nación.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, volvió a responsabilizar a EEUU de las manifestaciones.
La autoridad responsabilizó a Estados Unidos de llevar a cabo “una política de asfixia económica”, con el objetivo de “provocar estallidos sociales, incomprensiones e insatisfacciones” en la isla caribeña.
En paralelo, la Casa Blanca emitió un comunicado expresando su apoyo a los manifestantes. “El pueblo cubano está reivindicando con valentía derechos fundamentales y universales”, dijo Joe Biden, agregando que “esos derechos, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la libre determinación de su propio futuro, deben ser respetados”.
La autoridad planteó que “EEUU pide al régimen cubano que escuche a su pueblo y sirva a sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse”.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que mercenarios financiados por EEUU habían fomentado los disturbios antes de las protestas, pero por la tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, sostuvo que las protestas parecen haber sido espontáneas e “inspiradas por las duras realidades de la vida cotidiana”.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, defendió “el derecho del pueblo cubano a expresar sus opiniones pacíficamente”, y pidió al gobierno que “escuche estas protestas de malestar”. Y, desde México, Andrés Manuel López Obrador indicó que si se quiere ayudar al país, “lo primero que se debe hacer es suspender el bloqueo a Cuba como están pidiendo la mayoría de países del mundo”.
Economía en apuros
Las inéditas protestas llegan cuando el país está atravesando la que se describe como su peor crisis económica desde la caída de la Unión Soviética. El año pasado el Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó 8,3%, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pero según el gobierno la merma fue de 10,9%.
El primer semestre de este año la actividad habría seguido en terreno negativo. El viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, declaró a comienzos de julio que en los primeros seis meses del año el PIB habría caído 2%, según lo consignado por Granma, el Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Esto, de la mano del endurecimiento de las sanciones que EEUU ha impuesto a la isla por décadas -que se intensificaron bajo la administración de Donald Trump pero que Biden ha mantenido- ha provocado escasez de alimentos y medicamentos, así como cortes de energía, lo que ha sacado a la ciudadanía a las calles.
A todo esto se suma un nuevo brote de Covid-19, y si bien al 4 de julio quienes estaban completamente vacunados en el país estaban levemente por sobre el promedio de la región -13,8% frente a 13,6%, según datos de Our World in Data-, las infecciones siguen al alza.
Para este año, las estimaciones en materia económica son dispares. Mientras el gobierno estima que la economía crecería alrededor de 6%, la agencia de Naciones Unidas calcula que el repunte sería solo de 2%, y que el año que viene la actividad crecería 4,1%.
La meta de las autoridades locales es que entre este 2021 y 2022 se recupere lo perdido durante el año pasado de la mano de la irrupción de la pandemia, y si bien Gil Fernández calificó de “complejo” el objetivo, defendió que esto se lograría gracias al mayor control de la pandemia, que a su vez permitiría una reapertura gradual del turismo, de la actividad productiva y el restablecimiento de los servicios sociales, según lo consignado por Granma.
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