Por Simon Rabinovitch
El gobierno chino ha advertido que la aplicación “cruel” de su política de un hijo por familia podría dañar su imagen, luego que funcionarios locales obligaran a una mujer con siete meses de embarazo a abortar en un caso que desató indignación nacional.
Este mes, Feng Jianmei, de 23 años, fue sacada de su casa en la provincia de Shaanxi y obligada a poner fin a su embarazo porque ya tenía un hijo y se negaba a pagar la multa obligatoria por tener otro.
La comisión de planificación familiar china indicó ayer que los funcionarios deben ser más cuidadosos para hacer cumplir la política que ya lleva tres décadas, mientras respalda sus objetivos.
“Incluso el menor paso en falso en este trabajo puede llevar a efectos negativos, dañando la imagen del partido (comunista) y la nación (...) Debemos evitar la aplicación cruel de las leyes”, indicó la comisión.
La advertencia destaca el creciente debate en China sobre la norma.
El Partido Comunista ha insistido en que su meta es controlar el crecimiento de la población. Sin embargo, los últimos acontecimientos han llevado a discutir si debe relajarse o ser desechada por completo.
La norma fue introducida a fines de los años 70, cuando Beijing temía que la población crecía con demasiada velocidad. Aunque tuvo éxito en su objetivo, dejó al país con una estructura demográfica que, según expertos, podría ser peligrosa.
Medios estatales chinos indicaron el martes que dos funcionarios, incluido el alcalde de la localidad de Feng, fueron destituidos de sus cargos después de una investigación que determinó que la mujer fue multada de forma ilegal.
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