Los chilenos votaron abrumadoramente a favor de una nueva Constitución el domingo, en un referéndum destinado a satisfacer una demanda central de las protestas sociales que sacudieron al país sudamericano el año pasado.
Con el 96% de los votos contados, el 78% dijo estar a favor de una nueva Constitución, la cual reemplazará a la carta que muchos chilenos consideran ilegítima por sus orígenes en la dictadura militar del general Augusto Pinochet.
Al mismo tiempo, el 79% respaldó la elección de una asamblea constituyente para redactar el nuevo documento, en contraposición a una comisión dividida en partes iguales entre los miembros recién elegidos y los miembros del Congreso. La votación tendrá lugar el próximo abril, antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
El resultado fue recibido con júbilo en espacios públicos en todo Chile el domingo por la noche, especialmente en la Plaza Italia en Santiago, que fue el centro de manifestaciones a menudo violentas el año pasado.
"Este es un triunfo para todos los chilenos que aman la democracia, la unidad y la paz", dijo el presidente Sebastián Piñera.
Aunque algunos observadores expresaron su decepción porque solo cerca del 50% del electorado votó, el enfático resultado allana el camino para una Constitución que los chilenos esperan que haga más para proteger los derechos humanos y el bienestar social. También creen que una nueva carta diluirá la concentración de poder en las élites desacreditadas y el control del sector privado sobre la economía.
Muchos de los manifestantes que tomaron las calles el año pasado en medio del enojo por el aumento de precios, la desigualdad, las precarias pensiones y los malos servicios públicos quieren acabar con el "neoliberalismo" en Chile y avanzar hacia un modelo más socialdemócrata. Pero los analistas dijeron que no había una demanda generalizada de soluciones más radicales como la abolición del capitalismo o los derechos de propiedad privada, como algunos temían.
Sin embargo, los críticos dijeron que el proceso de dos años de redacción de la Constitución llevaría a una incertidumbre prolongada que desalentaría la inversión, mientras que la nueva carta también podría generar una mayor presión de gasto para mejorar los servicios públicos. Eso amenazó con socavar la disciplina fiscal y la política económica ortodoxa de Chile, dijeron, al mismo tiempo que impulsó la deuda desde niveles relativamente bajos.
Este mes, Fitch Ratings rebajó la calificación de la deuda soberana de Chile de A a A-, argumentando que las finanzas públicas se habían visto dañadas por las demandas de aumentar el gasto social después de las protestas de 2019 y la recesión económica causada por Covid-19.
La deuda seguiría aumentando, según la agencia calificadora, dados los desafíos para frenar el gasto en medio de presiones sociales y menores perspectivas de crecimiento. Se espera que la economía se contraiga un 5,8% este año, en gran parte debido al bloqueo de Chile como consecuencia de la pandemia.
El referéndum se había programado inicialmente para abril, pero se pospuso debido a la crisis del coronavirus.
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